Abordaje general del COVID-19 en Honduras

Según la legislación nacional pre-pandemia, la Secretaría de Salud sería la coordinadora del manejo de la pandemia y el SINAGER como colaborador. Sin embargo, pronto la coordinación fue asumida por una nueva institucionalidad como el Comisionado Especial para la Atención de la Emergencia del COVID-19 cuya titularidad la asumió el actual Secretario de Relaciones Exteriores, y por una Instancia multisectorial para la apertura de la economía, compuesta por instituciones estatales y organizaciones afines al gobierno que no son representativas de la sociedad civil,  instituciones que ahora concentran las decisiones políticas sin la información científico-epidemiológica de la pandemia.
Este enfoque político de concentración del poder en el manejo de la pandemia, ha cerrado cualquier posibilidad de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Incluso en su estrategia de cerrar el espacio democrático se decretó “una veeduría ciudadana oficial y pagada” a través del FONAC que tanto su asamblea como la dirección ejecutiva depende directamente del Presidente del Poder Ejecutivo.
El estado ha utilizado la pandemia para justificar un enfoque en seguridad y la suspensión indebida de los derechos constitucionales. Esto ha resultado en la supresión de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho a la protesta y la falta de acceso a justicia. La aplicación de medidas de confinamiento absoluto sin ningún estudio de impacto diferenciado y aplicación de medidas diferencias, ha afectado negativamente a los millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario para los cuales el confinamiento es imposible.
Las facultades a las fuerzas de seguridad del Estado para detener a las personas que no cumplan con las medidas de confinamiento o el uso de mascarillas han tenido como consecuencia que para el 20 de julio según datos oficiales habían detenido más de treinta y seis mil personas.
La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como repartir alimentos o equipo de bioseguridad, a la vez que funciones de orden y seguridad, que deberían corresponderle por su orden a COPECO, a la Secretaría de Salud y a la Policía Nacional, son de mucha preocupación para las organizaciones de la Coalición Contra la Impunidad.
La Secretaría de Salud, como encargada de la pandemia entre enero y febrero emitió las directrices generales para el manejo de pandemias y específicas para hacerle frente al Coronavirus y de manera oportuna el Estado declaró una emergencia sanitaria que luego se modificó a emergencia sanitaria y humanitaria hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, su desplazamiento institucional para un enfoque político sin sustento científico, más las medidas sin enfoque diferenciado y los fuertes indicios de corrupción en el manejo de la pandemia, tienen como impacto que la cifra de contagios ha ido en ascenso sin poderse aplanar la curva, al cierre de este documento (01 de noviembre) se reportaban 98,212 casos confirmados.