Aunque tempranamente se tomaron distintas medidas epidemiológicas, como la aprobación de manuales y protocolos, no se concretó la aplicación masiva de pruebas, no se dotó de insumos médicos y de bioseguridad a los trabajadores de la salud. Es más, han cometido graves delitos contra la salud de la población hondureña y la administración pública, como la dotación de insumos de bioseguridad que no son recomendables para el uso médico y también la aplicación de tratamientos médicos como el tratamiento MAIZ que no están respaldados científicamente.
La aplicación de medidas de confinamiento absoluto sin ningún estudio de impacto diferenciado y aplicación de medidas diferencias, ha afectado negativamente a los millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario para los cuales el confinamiento es imposible.
Antes de la crisis sanitaria, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de distintos sectores e intereses informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo digno, y la situación precaria de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores y pueblos indígenas, y la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. A medida que pasan los meses desde el inicio de la pandemia, sólo se han hecho más visibles las profundas desigualdades en Honduras que limitan el acceso de la mayoría de la población a esos derechos, debido en gran medida a la corrupción.
Registros indican trato discriminatorio en la implementación de las medidas, particularmente en lo relacionado a la entrega de alimentos. Existe un importante desfase entre las proyecciones de la Operación Honduras Solidaria y el alcance y satisfacción del derecho a la alimentación de la población priorizada como destinataria. Solo en la primera fase, un aproximado de 1,139,623.8 millones de personas quedaron sin acceso a la ayuda alimentaria, siendo además alarmante el uso politizado de la entrega por el partido de gobierno, reiteradamente denunciado por distintos sectores y poblaciones de todo el país y el patrón de represión policial como respuesta a las manifestaciones exigiendo alimentos.
En la pandemia, el Poder Ejecutivo declaró de interés público el sector agroalimentario, destinando 295 millones de dólares y también ponen a la disposición tierras fiscales, nacionales y ejidales para el concesionamiento hasta por un lazo de 20 años con un canon anual de L.100.00 lempiras, todo esto sin la participación del sector campesino.
Según datos de la empresa privada para finales de agosto producto de la pandemia 600,000 mil empleos se habrían perdido; de acuerdo con datos oficiales a mediados de agosto 928 empresas y 127,184 trabajadores se habrían sometido al programa de la “Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia”, lo que representa un número bajo de trabajadores y además que no cubre a los cientos de miles de trabajadores del sector informal.
En el ámbito de la educación la niñez se encuentra frente a un formato de educación virtual para lo cual el Estado no ha hecho absolutamente nada para garantizar la falta de conectividad o los aparatos tecnológicos.