Las medidas sociales adoptadas carecen de un enfoque diferenciado para la atención de las personas y poblaciones puestas en especial situación de vulnerabilidad. Esto se refleja principalmente en la ausencia de participación y representación de estas en los espacios e instancias creadas para la puesta en marcha de planes y otras medidas de atención de la emergencia, en el reducido número de medidas adoptadas de acuerdo a las condiciones y contextos específicos de cada población y en la ausencia de cifras desagregadas que permitan conocer el nivel de afectación del virus en cada una de estas.
La medida de suspensión de derechos fundamentales y el confinamiento, dentro de sus múltiples impactos ha colocado a estas poblaciones y a la población hondureña en general en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su derecho de acceso a la justicia, ya que las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de emergencia ocurren ante una institucionalidad pasiva, con serias limitaciones para responder a las denuncias y demandas de la ciudadanía desde el teletrabajo. Muestra de esto son las diversas resoluciones desfavorables emitidas por la Corte Suprema de Justicia en reiterados casos de solicitud de garantía de derechos mediante acciones interpuestas por algunas de estas poblaciones.
Es alarmante el incremento de las violencias contra las mujeres en el contexto de emergencia y la ineficacia de las medidas adoptadas las cuales no han logrado incidir en la reducción de casos y tampoco en reducir los índices de impunidad. Esto está íntimamente relacionado con la ausencia de un enfoque de género en la configuración de las estrategias para la gestión de la emergencia en general.
La niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad son altamente excluidos dentro de la gestión, las medidas adoptadas para atender sus necesidades específicas son mínimas y con poca eficacia. A esto se suma la narrativa de la institucionalidad que asegura éxito en su ejecución de las medidas adoptadas consistentes en planes y beneficios para estas poblaciones, pero que no consta información respecto de su ejecución y alcance.
Los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación en múltiples dimensiones dentro de la gestión, no solo no existen cifras desagregadas sobre la población afectada por COVID-19, sino que tampoco se ha previsto campañas informativas en sus idiomas, formas y medios. Se registran casos graves de discriminación en el acceso a alimentos debido a la politización del Programa Honduras Solidaria y el impacto alarmante del precario sistema de salud en sus pueblos y comunidades.
La población LGTBI enfrente el COVID-19 al mismo tiempo que a la violencia estructural que implica que en el actual contexto resulte aún más difícil acceder a alimentos y a los medios básicos de subsistencia, así como al derecho de acceso a la salud pública por razones de discriminación pre existentes, agravadas por la pandemia.
A pesar de las numerosas medidas adoptadas en relación a los centros penales y población penitenciaria, son estas las que mayor evidencia muestra del enfoque de orden y seguridad de la gestión de la emergencia. La pandemia ha servido para justificar la profundización de la militarización del sector penitenciario y acentuar múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El sistema nacional penitenciario ha priorizado medidas con intención de contención de la propagación del virus declarando el cierre absoluto de estos y la prohibición de visitas, entre otras.
La situación de las personas migrantes y de la migración en general en el país son una radiografía de la grave crisis de derechos humanos que está constituyendo la pandemia, que tiene como base, por supuesto, la crisis pre existente. Las medidas adoptadas no buscan prevenir la migración, por el contrario, se enfoca en atender a personas retornadas, mientras las condiciones que generan la movilidad subsisten y se profundizan y las caravanas masivas continúan siendo parte de la realidad de la población hondureña.