Aunque tempranamente se tomaron distintas medidas epidemiológicas, como la aprobación de manuales y protocolos, no se concretó la aplicación masiva de pruebas, no se dotó de insumos médicos y de bioseguridad a los trabajadores de la salud. Es más, han cometido graves delitos contra la salud de la población hondureña y la administración pública, como la dotación de insumos de bioseguridad que no son recomendables para el uso médico y también la aplicación de tratamientos médicos como el tratamiento MAIZ que no están respaldados científicamente.
La aplicación de medidas de confinamiento absoluto sin ningún estudio de impacto diferenciado y aplicación de medidas diferencias, ha afectado negativamente a los millones de hondureños que sobreviven del trabajo diario para los cuales el confinamiento es imposible.
Antes de la crisis sanitaria, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de distintos sectores e intereses informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo digno, y la situación precaria de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores y pueblos indígenas, y la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. A medida que pasan los meses desde el inicio de la pandemia, sólo se han hecho más visibles las profundas desigualdades en Honduras que limitan el acceso de la mayoría de la población a esos derechos, debido en gran medida a la corrupción.
Registros indican trato discriminatorio en la implementación de las medidas, particularmente en lo relacionado a la entrega de alimentos. Existe un importante desfase entre las proyecciones de la Operación Honduras Solidaria y el alcance y satisfacción del derecho a la alimentación de la población priorizada como destinataria. Solo en la primera fase, un aproximado de 1,139,623.8 millones de personas quedaron sin acceso a la ayuda alimentaria, siendo además alarmante el uso politizado de la entrega por el partido de gobierno, reiteradamente denunciado por distintos sectores y poblaciones de todo el país y el patrón de represión policial como respuesta a las manifestaciones exigiendo alimentos.
En la pandemia, el Poder Ejecutivo declaró de interés público el sector agroalimentario, destinando 295 millones de dólares y también ponen a la disposición tierras fiscales, nacionales y ejidales para el concesionamiento hasta por un lazo de 20 años con un canon anual de L.100.00 lempiras, todo esto sin la participación del sector campesino.
Según datos de la empresa privada para finales de agosto producto de la pandemia 600,000 mil empleos se habrían perdido; de acuerdo con datos oficiales a mediados de agosto 928 empresas y 127,184 trabajadores se habrían sometido al programa de la “Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia”, lo que representa un número bajo de trabajadores y además que no cubre a los cientos de miles de trabajadores del sector informal.
En el ámbito de la educación la niñez se encuentra frente a un formato de educación virtual para lo cual el Estado no ha hecho absolutamente nada para garantizar la falta de conectividad o los aparatos tecnológicos.

Las medidas sociales adoptadas carecen de un enfoque diferenciado para la atención de las personas y poblaciones puestas en especial situación de vulnerabilidad. Esto se refleja principalmente en la ausencia de participación y representación de estas en los espacios e instancias creadas para la puesta en marcha de planes y otras medidas de atención de la emergencia, en el reducido número de medidas adoptadas de acuerdo a las condiciones y contextos específicos de cada población y en la ausencia de cifras desagregadas que permitan conocer el nivel de afectación del virus en cada una de estas.
La medida de suspensión de derechos fundamentales y el confinamiento, dentro de sus múltiples impactos ha colocado a estas poblaciones y a la población hondureña en general en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su derecho de acceso a la justicia, ya que las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de emergencia ocurren ante una institucionalidad pasiva, con serias limitaciones para responder a las denuncias y demandas de la ciudadanía desde el teletrabajo. Muestra de esto son las diversas resoluciones desfavorables emitidas por la Corte Suprema de Justicia en reiterados casos de solicitud de garantía de derechos mediante acciones interpuestas por algunas de estas poblaciones.
Es alarmante el incremento de las violencias contra las mujeres en el contexto de emergencia y la ineficacia de las medidas adoptadas las cuales no han logrado incidir en la reducción de casos y tampoco en reducir los índices de impunidad. Esto está íntimamente relacionado con la ausencia de un enfoque de género en la configuración de las estrategias para la gestión de la emergencia en general.
La niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad son altamente excluidos dentro de la gestión, las medidas adoptadas para atender sus necesidades específicas son mínimas y con poca eficacia. A esto se suma la narrativa de la institucionalidad que asegura éxito en su ejecución de las medidas adoptadas consistentes en planes y beneficios para estas poblaciones, pero que no consta información respecto de su ejecución y alcance.
Los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación en múltiples dimensiones dentro de la gestión, no solo no existen cifras desagregadas sobre la población afectada por COVID-19, sino que tampoco se ha previsto campañas informativas en sus idiomas, formas y medios. Se registran casos graves de discriminación en el acceso a alimentos debido a la politización del Programa Honduras Solidaria y el impacto alarmante del precario sistema de salud en sus pueblos y comunidades.
La población LGTBI enfrente el COVID-19 al mismo tiempo que a la violencia estructural que implica que en el actual contexto resulte aún más difícil acceder a alimentos y a los medios básicos de subsistencia, así como al derecho de acceso a la salud pública por razones de discriminación pre existentes, agravadas por la pandemia.
A pesar de las numerosas medidas adoptadas en relación a los centros penales y población penitenciaria, son estas las que mayor evidencia muestra del enfoque de orden y seguridad de la gestión de la emergencia. La pandemia ha servido para justificar la profundización de la militarización del sector penitenciario y acentuar múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El sistema nacional penitenciario ha priorizado medidas con intención de contención de la propagación del virus declarando el cierre absoluto de estos y la prohibición de visitas, entre otras.
La situación de las personas migrantes y de la migración en general en el país son una radiografía de la grave crisis de derechos humanos que está constituyendo la pandemia, que tiene como base, por supuesto, la crisis pre existente. Las medidas adoptadas no buscan prevenir la migración, por el contrario, se enfoca en atender a personas retornadas, mientras las condiciones que generan la movilidad subsisten y se profundizan y las caravanas masivas continúan siendo parte de la realidad de la población hondureña.