El 2023, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres registró, a través del monitoreo de medios impresos y digitales 742 agresiones contra mujeres y niñas, siendo un 58% de estas, delitos contra la vida y 30% delitos sexuales.
El Observatorio, también registró 118 agresiones contra mujeres y niñas que corresponden a delitos cometidos en años anteriores. El registro más antiguo es del 2005, siendo capturado el agresor hasta el 2023.
De los 427 delitos contra la vida, el Observatorio registró 386 muertes violentas de mujeres y niñas, 18 de ellas fueron víctimas de violencia sexual y 75 fueron asesinadas en contexto de masacres.
Los departamentos más peligrosos para ser mujer en Honduras durante el 2023, fueron Francisco Morazán (108), seguido por el departamento de Cortés (79) y Olancho (28).
El mes con mayor registro de muertes violentas de mujeres y niñas fue junio. En este mes ocurre la masacre contra 46 privadas de libertad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Hasta la fecha, el avance de la investigación de este hecho ha dado como resultado el enjuiciamiento de nueve privadas de libertad a quienes se les acusó de los delitos de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado y porte ilegal de armas, en perjuicio de 46 privadas de libertad.
A pesar de haberse encontrado casquillos de balas pertenecientes a armas de la Policía Nacional, el Estado de Honduras no ha avanzado en la investigación de estas estructuras y sus vínculos con el crimen organizado.
Según el monitoreo de medios realizado por nuestro Observatorio, 123 mujeres jóvenes de edades entre 20 a 39 años fueron asesinadas de forma violenta, representando un 32% de las asesinadas. A esto se suman 41 menores de edad entre 0 a 19 años, representando un 11%.
Las mujeres y niñas tenían sueños y proyectos de vida que fueron arrebatados por la violencia femicida en el país.
El tipo de arma más utilizada fue el arma de fuego, representando un 58% de los casos, seguido por arma blanca (12%).
En un 70% de los casos se desconoce la identidad de los perpetradores de las muertes violentas de mujeres y niñas, reflejando la falta de investigación rápida y eficaz por parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional limitando así, el acceso a la justicia para las víctimas y familiares.
Nuestro Observatorio además, registró 5 casos de muertes violentas en los que los perpetradores fueron militares o policías que tenían una relación sentimental con la víctima. En estos casos se puede ver un patrón en el que no se investiga al culpable y se intenta cambiar la narrativa para favorecer al victimario, tal es el caso de Ana Hernández de 32 años, asesinada por un miembro activo de las FFAA de Honduras y que se quiso implantar la narrativa de que había sido un suicidio.
Desde el Centro de Derechos de Mujeres seguiremos exigiendo justicia para las mujeres y niñas asesinadas y pronta reparación para sus familiares.