Defensoras de Derechos Humanos en Honduras manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad de la defensora Lilian Lizeth Borjas quíen esta siendo criminalizada desde el año 2013.
22 de septiembre 2015.
Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la defensora Lilian Lizeth Borjas Hernández, originaria de la comunidad de El Rodeo, El Negrito, Yoro, quien desde el año 2013 está siendo criminalizada por el derecho a defender su territorio.
Es de nuestro conocimiento que defensoras y defensores del territorio desde el año 2012 han sido perseguidas y amenazas por los supuestos dueños de una tierra que como grupo campesino recuperaron hechos dirigidos con mayor fuerza a la Defensora Lilian Borjas, que constantemente recibe insultos como: “pordiosera, hija de puta, ahí va perdedora, invasora, sos una pobretona que andas sacándoles el dinero a tus compañeros para andar pijineando”, insultos que denigran su quehacer como Defensora de la tierra, por lo cual se interpuso denuncias frente a la Dirección Nacional de Investigación Criminal hasta el momento sin tener ninguna respuesta.
El año 2012las y los campesinos pertenecientes al grupo campesino “Triunfo de la Bolsa” al que pertenece la Defensora, presentaron una solicitud de asignación de la tierra ante el Instituto Nacional Agrario (INA) instancia que nunca les resolvió, a pesar de que determinó ese mismo año que estas tierra son ejidales.
Cabe mencionar que el 17 de julio de 2013 el grupo campesino fue violentamente desalojado de la tierra por grupos paramilitares coludidos con agentes de la Policía Nacional, siendo sometidos por 12 hombres fuertemente armados, quienes llegaron a la zona donde aproximadamente 30 familias del grupo campesino habitaban, les pusieron a todos en fila, quemaron todas las champas, las cobijas, metieron ganado a las milpas que estas 30 familias tenían utilizando expresiones degradantes como: “ya no soportamos a los pordioseros, mátenlos a todos” y uno de ellos dijo “la orden es desalojarlos, no matarlos”. Durante este evento había niñas, niños y mujeres, este desalojo se realizó sin cotar con una orden de desalojo extendida por las autoridades competentes.
El grupo campesino “Triunfo de la Bolsa” presentó constancia de 1993 donde se declara la ampliación del radio de la comunidad del Rodeo, extendido por la Municipalidad documento que acreditan que las tierras pertenecen al Estado por lo tanto son ejidales, posteriormente miembros de la familia Fugon acreditaron ser dueños de las tierras a través de recibos de pago de impuestos de bienes inmuebles y vecinales, documento de dominio pleno de propiedad todos estos extendidos en abril de 2013 un mes después de que el grupo había recuperado las tierras.
Estos documentos fueron emitidos por el Programa de Regulación Predial del Instituto de la propiedad(IP) y no por el INA al que corresponde esta titulación de tierras, el dominio pleno a solicitud de la familia Fugón en el 2012 y extendidos el 15 de abril del 2013. Teniendo las partes 3 días para apelar la resolución de asignación situación que fue desconocida por las y los defensores del grupo campesino Triunfo de la Bolsa, ya que la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) organización que les acompaña no fue notificada en su momento lo que no les permitió hacer uso de este recurso.
Denunciamos que este proceso judicial interpuesto contra defensores y defensoras de la tierra ha estado plagado de los vicios acostumbrados en este país por quienes son responsables de impartir justicia y que se coluden con terratenientes alargando procesos violatorios a los derechos humanos de campesinas y campesinos, imponiéndoles medidas sustitutivas por más de dos años sin una resolución que ponga fin al proceso de judicialización iniciado por el derecho a la defensa de la tierra como un derecho humano.
Demandamos al Estado de Honduras que conforme a su obligación de garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos tal y como lo estable la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cese la política de criminalización y judicialización a las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, marco en el que se da la persecución a la defensora de la tierra Lilian Borjas, Jorge Archaga y Hernán Hernández.
Que la audiencia preliminar que se realiza el martes 22 de septiembre en Yoro, no sufra los mismos vicios que han marcado las anteriores y que se respete el debido proceso para restaurar como se debe, la imagen y las libertades políticas de la Defensora y defensores acusados.