“Que sea Ley todo aquello que le garantice a la mujer no ser violentada en todos los estratos sociales” expresó Elba Torres, sobreviviente de violencia ginecobstétrica.

Destacar la importancia de crear políticas públicas que promuevan la igualdad y la seguridad de las mujeres, con el fin de acentuar su rol en la sociedad, evidenciando y judicializando los tipos de violencia que como cotidianidad viven muchas en Honduras, es uno de los objetivos de la propuesta de Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres.

La lucha feminista no se detiene, cada día se fortalece y busca la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y decisiones estatales, disminuyendo así, las violencias que tras la máscara de patrones culturales se han sostenido en nuestra sociedad, creando indefensión hacia la mujer en Honduras y el mundo.

Como uno de los primeros pasos para prevenir y detectar los diferentes tipos de violencia ejercida contra la mujer, es necesario evidenciarla y darla a conocer haciendo uso de medios masivos de comunicación e implementar métodos de capacitación y enseñanza en centros educativos, ya que, por el desconocimiento algunas mujeres han callado aquellas acciones que en su momento no sabían que violentaba sus derechos, y que gracias a la lucha feminista y divulgación de información ahora son menos las que permanecen en silencio.

Como el caso de Vilma Sánchez (55) madre de cinco hijos, dos de ellas mujeres, quien permaneció casada 29 años con su agresor, mismo que por años le hizo confundir la violencia sexual como una obligación matrimonial.

“Casi a diario despertaba con mi esposo encima de mí, me lastimaba, pero yo pensaba que por ser su esposa él tenía el derecho de hacer conmigo lo que quisiera, ahora sé que por años él estuvo violándome y reconocer eso frente a mis hijas fue doloroso, pero sé que eso les ayudará a no aceptar ese tipo de tratos” relató Sánchez.

Sin embargo, esta no fue la única violencia que Vilma normalizó en su matrimonio, fue violentada psicológicamente, mediante insultos y humillaciones, incluso frente a sus hijos e hijas “cualquier oportunidad era buena para insultarme y hacerme sentir menos, yo me sentía culpable por desear nunca haberlo conocido”.

Por otra parte, Elba Torres (47), madre de cuatro hijos, dio a conocer que, al dar a luz a su primogénito, solicitó salpingoclasia (corte de las trompas de Falopio) ya que no desea volver a quedar en estado embarazo; este procedimiento médico le fue negado por ser menor de edad y no tener autorización de su pareja; a causa de esto y el fallo de métodos anticonceptivos fue inevitable un segundo embarazo.

“Era mi segundo parto y aún era menor de edad (17 años), yo rogué para que, aunque sea me ligaran las trompas, pero mi pareja no lo autorizaba; no les importó que yo era menor de edad, una joven cuidando de dos bebés. En lugar de ayudarme, mientras estaba en labor de parto la médico solo sabia decirme ¡ah! Aquí te quejás, pero mientras lo hacías no te quejabas, bien que les gusta andar con marido, yo solo lloraba, por dolor e impotencia, después de eso, meses después salí embarazada por tercera vez, y luego una cuarta… es ahí cuando decidí mentir y dije que mis cuatro hijos eran de padres diferentes y todos me abanaban para que por fin me cortaran las trompas y no volver a parir” detalló Elba Torres.

La violencia ginecobstétrica que vivió Torres, es uno de los muchos casos en los que se evidencia el trato deshumanizado hacía la mujer.

Este tipo de violencia es una forma de controlar la vida sexual y reproductiva de las mujeres y puede darse de diferentes maneras, desde limitar el acceso a anticonceptivos, incluidos los de emergencia; realizar procedimientos médicos sin consentimiento de la mujer; negar tratamiento para tratar infertilidad o prevenir la transmisión del VIH; la esterilización forzada, hasta negar servicios para interrumpir un embarazo cuando peligra la salud o vida de la mujer y en casos de violación.

 

Acoso y violencia

Como si fuera parte de la cotidianidad, niñas, jóvenes y mujeres adultas, son víctimas de acoso y violencia en las diferentes esferas sociales; en internet se reproducen y alientan los patrones machistas y sexistas que se encuentran en el mundo no virtual, promoviendo la desigualdad entre los sexos y géneros.

La Ciber violencia afecta diariamente a miles de mujeres en honduras, siendo víctimas de extorsiones, amenazas, bullying y acoso sexual. Sonia Vega, una joven de 26 años, describió como su expareja, tras terminar su relación amorosa, comenzó a amenazarla por medio de mensajes en la red social Facebook con publicar fotos y videos íntimos si no regresaba con él, “diariamente me enviaba mensajes amenazándome hasta de matarme, fui al Ministerio Público a interponer la denuncia, pero como me escribía de un perfil falso, la denuncia nunca procedió, él terminó tomando control de mis redes sociales y publicando mi contenido íntimo, tuve que cerrar mis redes sociales porque después de eso al menos una vez al día un hombre me escribía para pedirme fotos o me mandaban fotos de su miembro”, manifestó Vega.

Las redes sociales se han vuelto una herramienta útil y al mismo tiempo un arma letal contra las mujeres, pues en ellas se perpetúan diferentes tipos de violencia sin distinciones.

Scherly Arriaga, actual diputada por el Partido LIBRE, dio a conocer que ha sido víctima de violencia cibernética, política, psicológica y física, por medio de la intimidación a través de mensajes en las diferentes redes sociales y en comentarios en sus publicaciones llenos de odio y difamaciones, desde sus inicios en la política hace una década; aseguró que, muchos de sus agresores son desconocidos y otros, son individuos con los que debe convivir a diario, “me han desprestigiado y difamado, dicen que soy diputada porque tuve que acostarme con un montón de hombres; me han bajado del escenario, me comenzaron a golpear y a gritar… todavía me afecta, la violencia es real, es común en la política, yo no sabía que la mujeres eran violentadas por participar en la política” expresó Arriaga.

Por otra parte, el acoso laboral y sexual en espacios públicos, ha sido denunciado y evidenciando por mujeres a través de las redes sociales con el objetivo de dar a conocer a sus agresores y evitar que estos sigan ejerciendo su posición de privilegio y poder, siendo el movimiento Feminista quien les ha brindado acompañamiento.

Sin embargo, muchas mujeres han decidido callar por temor a sus agresores, este es el caso de Melissa Ruíz, que hace dos años, a causa del temor, decidió abandonar su trabajo como periodista, ya que casi a diario era acosada en las calles que dirigían hacia su lugar de trabajo, desde persecuciones, hasta tocar su cuerpo sin consentimiento, eran algunas de las agresiones que vivía como parte de lo cotidiano.

Asimismo, su exjefe, aprovechando su posición de poder, en diversas ocasiones irrumpió en su oficina, al punto de abusar sexualmente de ella “fui amenaza, si denunciaba mi actual pareja y mi familia podía salir perjudicadas, he decidido callar porque sé que mi denuncia quedará en la impunidad, porque él es alguien influyente” aseguró Ruíz.

Y estos son algunos de muchos casos, en donde el miedo a la denuncia se hace presente, pues la impunidad y la burocracia, parecieran declararles la guerra simplemente por ser mujeres, ya que este tipo de denuncias no son una prioridad para los entes encargados en impartir justicia en Honduras y se abonan a la mora judicial.

 

Ley Integral

La propuesta de la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres, busca sancionar formas de violencia no reconocidas y agregar sanciones a las ya reconocidas por el Código Penal, brindando seguridad a las mujeres y fortaleciendo la cultura de la denuncia.

Debido a las alarmantes cifras por los diferentes tipos de violencia, diversas organizaciones del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, durante cuatro años construyeron esta Ley, que busca disminuir el nivel de incidencia de casos de abuso, violencia y agresiones hacia la mujer.

El pasado 8 de marzo, feministas de diversas organizaciones se reunieron con la presidenta Xiomara Castro, para entregar el proyecto de Ley Integral con las Violencias hacia las mujeres, mismo que será revisado por una comisión interinstitucional para proceder en su proceso de aprobación.

El actual gobierno, tiene como uno de sus retos principales, trabajar en la construcción de un Estado que vele por la seguridad, integridad y salud de las niñas, jóvenes y mujeres. Así mismo, crear protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, la despenalización del anticonceptivo de emergencia y dar vida, conjuntamente, a las comisiones de trabajo que garanticen que se cumpla los protocolos necesarios que protejan los Derechos Humanos de la mujer hondureña.

Disminuir la desigualdad y discriminación por razones de género perpetuados por el Estado, es una de las exigencias del movimiento feminista, quienes exigen se cumpla el apoyo prometido a las niñas, jóvenes y mujeres hondureñas, por parte de la presidenta Xiomara Castro.

De igual forma, es indispensable hacer el llamado pertinente para la asignación de presupuesto que garantice el cumplimiento de la disminución de la mora judicial y la aplicación de justicia según lo estable el Código Penal y la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres.

En un Estado de desigualdad e impunidad, las voces de miles de mujeres se suman cada vez más, fortaleciendo la lucha feminista y la sororidad; permitiéndoles alzar la voz ante las injusticias y violencias a las que son y fueron sometidas, gracias al acompañamiento brindado por los movimientos de mujeres, logrando de esta manera que sobrevivan a un país que las ha tenido en estado de indefensión, disminuyendo el miedo y fortaleciendo la cultura de denuncia.