Desde el Centro de Derechos de Mujeres CDM, rechazamos el asesinato de María José Alvarado y Sofía Trinidad Alvarado, y los asesinatos de las 328 mujeres en el transcurso del año 2014[1]. El caso de María José y Sofía deja en evidencia la situación de violencia femicida generalizada y la inexistente respuesta del Estado de Honduras para prevenir, investigar y sancionar los femicidios.

El CDM ha manifestado de manera constante la falta de voluntad política para acabar con la impunidad; esto se ejemplifica al recordar que a 16 meses de la tipificación del femicidio en el país,  únicamente habían sido presentados 7 requerimientos fiscales contra los presuntos responsables de estos crímenes.

La impunidad instalada en todos los niveles de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población  así como la investigación y sanción del delito, ha llegado a extremos de ocultar el asesinato de al menos 45 mujeres ocurridos entre enero y junio de 2014, como lo evidenciara el CDM en octubre de éste año con la investigación recogida en el Boletín “Un ejercicio de auditoría social sobre las muertes violentas de mujeres: Lo que esconde el Estado hondureño”[2].

Ponemos de manifiesto que la violencia contra las mujeres y el alarmante aumento de los femicidios es una consecuencia de la cultura machista y misógina que castiga a las mujeres que desafían el poder y el dominio patriarcal, justificando la violencia cuando las mujeres  no son femeninas, cuando no regresan a su casa temprano o cuando no son sumisas.    Esta misma cultura utiliza mecanismos como el control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres reforzando las respuestas violentas contra ellas.

Denunciamos que esta situación está profundamente relacionada con las políticas de seguridad que privilegian la represión e instalan en la sociedad una lógica militar y armamentista; aumentando la circulación de armas y la posibilidad de acceder a ellas de manera fácil y rápida.

Llamamos la atención sobre la re victimización de la que son objeto las mujeres asesinadas y sus familias, al depositar en ellas la responsabilidad de la violencia; así como la construcción por parte de la sociedad de justificaciones en base a prejuicios que contribuyen a distraer la atención de la responsabilidad del Estado en la garantía de seguridad a la población. No toleramos, ni toleraremos jamás, justificaciones para la violencia contra las mujeres y el femicidio.

Los asesinatos de María José y Sofía, expresan lo que las políticas de seguridad han hecho con Honduras: moldear el comportamiento y las respuestas de la sociedad a los modos de actuar usuales en el crimen organizado.

Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2014


[1] Información de Enero-Octubre 2014, en base al monitoreo de prensa escrito realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.