La Plataforma de Feministas en Resistencia, que aglutina organizaciones feministas y de mujeres,  defensoras y activistas por los derechos humanos de las mujeres, académicas y feministas independientes,  ante la grave situación del país nos pronunciamos  de la siguiente manera:

  1. Expresamos nuestro más profundo repudio al  brutal  asesinato de los jóvenes estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, Julieta Castellanos, y de Carlos Pineda,  por elementos de la Policía Nacional.
  2. Denunciamos enérgicamente que estos no son crímenes aislados, sino el resultado de una política sistémica de terror y exterminio, reinstalada en el país a partir del golpe de estado del 28 de junio 2009,  en línea de continuidad con la llamada “guerra sucia” de la década de los 80s. alentada y promovida  por las clases oligarcas con el respaldo de sus aliados internacionales, en sus aspiraciones de perpetuidad en el poder y control del estado.
  3. Compartimos con profundo dolor, el duelo de las madres  y familiares de los 121 estudiantes asesinados en lo que va de 2011, de 45 campesinos y campesinas del  Aguán,  de 22 periodistas, y de 241 mujeres víctimas de femicidios sólo en este año. Sumados a estos sucesos repudiamos el asesinato de  otros centenares de hombres, principalmente jóvenes que han sido asesinados a diario, lo que ubica a Honduras con la  tasa de homicidios más alta del mundo, de 82.2 homicidios por cien mil  habitantes (2010) según un informe reciente de ONU.
  4. Vemos con indignación y alarma  que en el contexto pos golpe de estado, el  sicariato y la criminalidad organizada  se han consolidado a lo interno de los cuerpos de seguridad del Estado, como  ha quedado evidenciado en las investigaciones  de los hechos recientes  que comprometen gravemente a la Policía.
  5. Nos solidarizamos y reconocemos el  valor, así como la profunda determinación de la Rectora Julieta Castellanos para esclarecer la muerte de su hijo,  que ha hecho posible, con el apoyo de la comunidad universitaria  y  el respaldo de ciudadanía hondureña,  dejar al descubierto la   grave implicación de esta institución armada  con el crimen organizado.
  6. Alertamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, que no  es solamente  la institucionalidad de la Policía que debe ser investigada e intervenida,  dado que una situación tan grave de corrupción no podría haber sido ocultada sino con la colusión, la omisión y la indiferencia intencionada, de las demás entidades de seguridad y justicia del Estado que actúan en estrecho vínculo con la Policía como el Ministerio Público, la Corte Suprema, y  Fuerzas Armadas.
  7. Creemos que el grado tan profundo de imbricación de la criminalidad organizada en el seno de la institución que por definición tiene como fin  la protección de la ciudadanía, tampoco podría haber  pasado desapercibida a las instituciones del poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
  8. Afirmamos que no son suficientes las medidas tomadas ante la situación de profunda crisis que enfrenta, no sólo la institución de la policía, sino el mismo Estado; que las medidas de intervención y control deben ir acompañadas de la más seria depuración de la delincuencia organizada de las filas de los cuerpos armados del país y de todas las instituciones del estado.

NI GOLPE DE ESTADO, NI GOLPE A LAS MUJERES

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LA DELINCUENCIA UNIFORMADA

ALTO A LA MILITARIZACIÓN DE HONDURAS, PAREMOS LA IMPUNIDAD

POR UNA VIDA DIGNA SIN VIOLENCIA NI  TERROR PARA TODOS Y TODAS