El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, (CLADEM)[1], ante el cruel asesinato de la abogada Mireya Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro y miembra de la Directiva Nacional de la AJD, el pasado 24 de julio del 2013, quien fue ultimada a balazos cuando se trasladaba en su vehículo a plena luz del día, sumamos nuestro profundo rechazo e indignación por este hecho.
Nos solidarizamos con los familiares de la abogada Mireya Mendoza, quien tenía más de ocho años desempeñándose en los tribunales de Justicia de El Progreso y era una destacada integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) ocupando el cargo de Pro-Secretaria de la Junta Directiva Nacional de la Asociación (periodo 2012-2014). Cabe destacar que la Asociación de Jueces por la Democracia ha venido denunciando los actos de corrupción en el sistema de justicia de Hondura y participa activamente de los procesos nacionales que buscan encontrar salidas a la falta de institucionalidad que vive este país.
Denunciamos que este asesinato es una expresión clara del incremento de la inseguridad que se registra en Honduras luego del golpe de Estado, tal como recoge el capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha destacado ¨la obligación del Estado de Honduras de investigar los anteriores hechos y abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si los asesinatos fueron cometidos en razón de las labores jurisdiccionales realizadas por los jueces asesinados¨. Ha reiterado igualmente ¨la inefectividad de la respuesta estatal pudiera propiciar la repetición crónica de los hechos, amedrentando la labor de juezas y jueces y repercutiendo severamente los derechos de quienes habiendo sido violentados en sus derechos acuden a los tribunales hondureños en búsqueda de justicia.¨[2]
Ante todo ello exigimos y urgimos al Estado hondureño a:
– Garantizar la investigación y justicia por este caso y los anteriores asesinatos de operadores de justicia en Honduras y adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia de los operadores de justicia del Estado, evitar interferencias indebidas por parte de otros poderes que afecten su independencia.
– Proteger debidamente la vida e integridad personal de los y las jueces y juezas contra toda clase de presiones externas que influyan en el adecuado desempeño de sus labores, en especial a los operadores de justicia, líderes sociales y defensores/as de derechos humanos.
– Cesar de inmediato de esta ola de violencia que azota al país y sobre todo ofrezca las garantías de no repetición de la violación sistemática a los derechos humanos en Honduras.
[2] CIDH. Informe Anual. Capítulo IV. Honduras, párr. 225 y 228.