24 de septiembre de 2015. Tegucigalpa, Honduras. El Centro de Derechos de Mujeres CDM en su labor por la erradicación de las desigualdades de género en el país, ha presentado los resultados del estudio sobre la violencia sexual en Honduras en el período 2011-2014.
La investigación estuvo a cargo del equipo del Observatorio del CDM y sus resultados fueron presentados porRegina Fonsecay Grecia Lozano. El evento se desarrolló en la Librería Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en horas de la mañana. A dicha presentación asistieron estudiantes, profesoras/es, investigadoras/es, organizaciones de sociedad civil y operadoras/es de justicia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia.
Hallazgos
En los cinco años que considera el estudio, más de 15mil mujeres han denunciado algún tipo de violencia sexual, esto implica que en Honduras se interpone una denuncia por estos delitos cada 3 horas.
Las sobrevivientes de violencia sexual enfrentas enormes obstáculos para denunciar, tales como el estigma social, discriminación y temor a las represalias del perpetrador o los perpetradores. De hecho, se estima que solamente un 11% logra interponer denuncia.
El 77% de los delitos sexuales denunciados corresponden a tipos de agresiones que podrían resultar en un embarazo. Al mantener ilegal la anticoncepción de emergencia, el Estado de Honduras ha expuesto en cinco años a más de 11mil mujeres y adolescentes a embarazos producto de una violación sexual.
Además, en un país en donde el aborto está penalizado en todas sus formas, niega la interrupción del embarazo producto de una violación sexual y obliga a las mujeres a un embarazo forzado o a un aborto clandestino.
En 5 años las denuncias de desapariciones de mujeres han aumentado en más de 200%, y según análisis en delitos de carácter trasnacional, es probable que muchas de estas mujeres sean víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual comercial; de las cuales más del 50% se registran en el departamento de Cortés.
Del total de denuncias, solamente existen 888 sentencias condenatorias, dejando en la impunidad el restante 94% de las sobrevivientes.
Las actuales políticas de seguridad han fallado en garantizar estrategias que ataquen las razones estructurales de la violencia sexual contra las mujeres hondureñas.
El Estado hondureño debe asumir los compromisos internacionales a los que se ha suscrito para garantizarles a las mujeres hondureñas el respeto a su derecho a una vida libre de violencia y el goce de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
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