Las mujeres hemos venido demandando de los gobiernos que se lleven a cabo investigaciones completas, independientes, exhaustivas y que se creen mecanismos para encontrar y castigar a los verdaderos responsables de los crímenes; que se repare a sus sobrevivientes y que se establezcan políticas y acciones orientadas a eliminar el sexismo y la misoginia que promueve la violencia contra las mujeres, tal como lo plantea el espíritu de la Convención de Belén Do Para, que Honduras ha ratificado.
El 23 de agosto del presente año un Diputado del departamento de Valle presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a tipificar el femicidio, denominado “LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. Si bien las organizaciones feministas hemos planteado que se requiere urgentemente la solución de la problemática, más que leyes inconsultas, se requiere del interés y compromiso real de quienes administran el país, de sus operadores/as de justicia y de quienes se supone garantizan la seguridad de los y las ciudadanas. En suma, se requiere de una institucionalidad fortalecida y dinámica, éticamente responsable y políticamente coherente con los postulados de derechos humanos, cualidades de las que lamentablemente se carece, aún más desde el golpe de Estado.
Para que una ley en contra del femicidio y la violencia contra las mujeres sea efectiva, se requiere una amplia consulta y consenso con las organizaciones de mujeres y feministas, al margen de cualquier interés partidario o bajo la excusa de un plan de seguridad regional que incrementará presupuestos para armamentos y para controlar la vida de los y las ciudadanas.
La propuesta de ley presentada parte de principios que desconocen a las mujeres como sujetas de derechos; contiene una serie de incoherencias e imprecisiones que pudieran dejar vacíos legales que fomenten la impunidad y coloca al femicidio como sinónimo de homicidio, despolitizando el término acuñado por el movimiento feminista en el ámbito internacional y nacional al ocultar y desconocer las relaciones desiguales de poder y las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.
Para tipificar el femicidio se requiere de un amplio debate y reflexión para poder concretizar una conceptualización clara que no dé lugar a confusiones. Este debate iniciado entre las organizaciones feministas junto a instituciones del Estado en años anteriores se paralizó a partir del Golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
Exigimos al Congreso Nacional que no apruebe una ley que tipifique el femicidio, sin la realización de una amplia consulta con las y los involucrados. Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres, feministas y movimiento social en todo el país y en la región para que se mantengan alertas ante esta situación. Por último, nos solidarizamos con las y los familiares de las mujeres víctimas de femicidio, y les hacemos un llamado a la acción y la organización en todo el país.
Tegucigalpa, 31 de agosto de 2011
NUESTRO CUERPO NO ES CAMPO DE BATALLA,
PAREMOS LOS FEMICIDIOS.
COMISION CONTRA LOS FEMICIDIOS EN HONDURAS
RED FEMINISTA CENTROAMERICANA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.