Las mujeres exigimos que la política integral frente al problema de drogas sea justa, equitativa, con perspectiva de género y derechos humanos
¡Ya es hora, es tiempo!
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), red de organizaciones y mujeres feministas en 15 países de esta región presentes en la 43ª Asamblea General de la OEA observamos con preocupación que el abordaje de los Estados para analizar y resolver el fenómeno de la droga así como los compromisos de la Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” no incluye un diagnóstico y soluciones desde la perspectiva de género y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas.
La economía capitalista y el modelo de desarrollo que se dirige hacia la maximización de la ganancia a cualquier costo, incluyendo la explotación de las mujeres e irrespeto a sus derechos humanos, así como la depredación de los recursos naturales. Modelo que ha profundizado la desigualdad económica y social, permitiendo el empobrecimiento de grandes grupos de población y el enriquecimiento de unos pocos, agudizando la desigualdad, las brechas de género y generacional. Entre las consecuencias destructivas y dañinas de este modelo está el aumento de la delincuencia organizada para la producción, tráfico y comercialización de drogas en la región, que afecta de manera directa a las mujeres. Este modelo económico es reforzado por el sistema patriarcal misógino, elitista, sexista y discriminatorio. Lo que crea un ambiente óptimo para la impunidad y ascendente violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
Las mujeres de todas las condiciones económicas y sociales, en especial aquellas de bajos ingresos, analfabetas o con escasa escolaridad, jefas de familia, madres solas, jóvenes, indígenas, rurales o de áreas precarias sin oportunidades de educación, capacitación laboral y empleo, en situación de calle y grave exclusión social resultan ser las principalmente afectadas, utilizadas como ¨mulas”, llamadas por la delincuencia organizada para distribuir, transportar y/o vender drogas. La actual estrategia de combate a las drogas, centrada en la militarización, genera un aumento exponencial en los índices de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
La violencia contra las mujeres se agudiza y toma diversas expresiones derivadas del fenómeno de las drogas. El feminicidio/femicidio y desapariciones de mujeres en territorios con presencia del narcotráfico; la trata y tráfico de niñas, adolescentes y mujeres como parte de la extensión de las actividades de los carteles de drogas; la violencia sexual e institucional ejercida por agentes del Estado en los retenes de revisión y en las zonas de conflicto armado; la fuerte militarización de los territorios con graves implicaciones en los procesos organizativos y comunitarios; la criminalización creciente, las amenazas, persecución y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y mujeres migrantes. Son algunas de las expresiones que cada vez más requieren ser contempladas en las estrategias que implementen los Estados. La creciente debilidad institucional que se refleja en la carente certeza jurídica, la creciente impunidad, la corrupción y los altos niveles de desconfianza en las instituciones de seguridad, administración y procuración de justicia, son factores que deben de atenderse para revertir el problema de las drogas.
Resulta urgente que los Estados manifiesten su compromiso en la rendición de cuentas y transparencia del uso de los recursos públicos, en la no utilización de los programas sociales con fines electorales, en una justa y equitativa distribución de la riqueza, en igualar las oportunidades de desarrollo y reconocimiento de grupos de población históricamente discriminados como las mujeres, indígenas, afrodescendientes, entre otros, para revertir los efectos del fenómeno de las drogas en la región. Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres.
En este marco CLADEM hace un enérgico llamado a los Estados reunidos en la 43ª Asamblea General de la OEA, para que:
RECONOZCAN la importancia del enfoque de derechos humanos, justicia social, promoción de la paz y la perspectiva de género en las estrategias de atención al problema de drogas.
IMPLEMENTEN soluciones integrales que atiendan el problema de las drogas desde una perspectiva socio- educativa y de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, poniendo énfasis en una educación integral y el acceso a un trabajo digno, que constituyen el piso básico para el acceso a otros derechos y a una vida digna como base fundamental para el desarrollo humano integral.
GARANTICEN a las mujeres empobrecidas, mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, madres solas, jefas de familias, niñas, adolescentes y jóvenes, mayores oportunidades para fortalecer sus capacidades para el empleoy microcréditos.
PREVENGAN, ATIENDAN Y ERRADIQUEN la violencia derivada de la producción, tráfico y comercialización de drogas, principalmente la ejercida contra las mujeres.
REFORMEN el sistema penal acusatorio, mismo que requiere que sean reconocidos los derechos humanos de las partes agraviadas (víctimas) que en su mayoría son mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas; que en todas las fases de la sustanciación del proceso penal, incluyendo la ejecución de la sentencia, acción reparadora o civil se tomen en cuenta todos los derechos humanos de la partes agraviadas, para avanzar hacia un derecho garantista. Y verificando que las sentencias sean efectivas y eficaces y que incluyan la garantía de no repetición.
INCLUYAN en el balance sobre la implementación de 20 años de la Convención de Belém do Pará, el análisis sobre la violencia contra las mujeres generada por la problemática de las drogas, como una área emergente a ser atendida por los Estados, con políticas y presupuestos adecuados.
ASEGUREN el acceso a la justicia y en ese marco se sancione a los responsables de genocidios, se repare a las víctimas y se evite la impunidad como en el caso del Estado de Guatemala. Al mismo tiempo, urgimos se garantice la defensa irrestricta de los derechos sexuales y reproductivos, impidiendo que el uso de drogas tenga por consecuencia un aumento de la violencia o la coerción sobre la autonomía sexual y/o reproductiva de las mujeres.
Finalmente, nos sumamos al llamado de otras organizaciones y EXHORTAMOS que la elección de las/los tres nuevas/os integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corresponda a los criterios establecidos por la Convención Americana y fortalezca la imparcialidad e independencia de la Comisión.
¡Ya es hora, es tiempo!