El día de ayer, el Centro de Derecho de Mujeres, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y la organización internacional Women’s Link Worldwide solicitaron al Poder Judicial de Honduras, un informe sobre la implementación y seguimiento del Acuerdo No. PCSJ 16-2020, que establece la atención permanente de los Jueces de Paz y entidades correspondientes para garantizar una vida libre de violencias por razones de género a mujeres y niñas en Honduras.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM a través del monitoreo de medios de comunicación escritos y digitales registró desde la entrada en vigencia del toque queda, 3 intentos de femicidios, 20 femicidios consumados y 10 casos de violencia sexual. El Ministerio Público reportó que los casos de violencia doméstica ya superan los 300 . Estos son tan sólo algunos ejemplos que han sido registrados, sin embargo, se están dando muchas más situaciones que no son denunciadas por las características de esta problemática.
Específicamente para el contexto de la pandemia del COVID-19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha indicado que, ante el riesgo de un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas durante el confinamiento, se debe reforzar el deber de debida diligencia estricta en lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por lo tanto, “deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas .”
Las organizaciones firmantes demandan a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia que se elabore un informe sobre la implementación del Acuerdo N° PCSJ 16-2020 y sobre el seguimiento que se ha hecho del mismo. En concreto, solicitamos se brinde respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas denuncias por violencia doméstica se han recibido desde la reapertura de los Juzgados de Paz y Letras en el marco de la emergencia sanitaria?
2. ¿Cuántos Juzgados de Paz y Letras se encuentran abiertos al público en todo el territorio nacional; cuántos permanecen cerrados y ¿Cuáles son los Juzgados en funcionamiento? cuál es el horario de funcionamiento?
3. ¿Se han realizado campañas para difundir información sobre la reapertura de los Juzgados de Paz y Letras y sobre cómo las mujeres pueden acceder a ellos? Si la respuesta es afirmativa, ¿a través de qué medios se ha difundido esta información?
4. ¿Cuáles canales de comunicación alternativos se han previsto para que las mujeres que no tienen la posibilidad de trasladarse a los juzgados puedan interponer sus denuncias y obtener protección?
5. ¿Qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia sexual? ¿Cómo se está asegurando su implementación efectiva?
6. ¿Qué medidas se han adoptado desde el Poder Judicial para asegurar que la suspensión de términos judiciales no implique una dilación indebida de los procesos que impactan los derechos de las mujeres?
El país enfrenta muchos desafíos en el contexto actual, no obstante, esta es una oportunidad para que el Poder Judicial brinde una respuesta oportuna a las necesidades diferenciadas de las mujeres y las niñas, y cumpla con la obligación de prevenir, juzgar y sancionar todo tipo de violencia contra esta población.
Tegucigalpa, 13 de mayo de 2020