Foto: Contra Corriente
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito, continúa siendo un motivo lucha y exigencia feminista en Honduras, ya que, pese a que el gobierno utiliza un discurso en el que dice estar a favor de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres hondureñas; la prohibición de la Pastilla de Emergencia (PAE) continúa y no se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, lo que lleva a las mujeres y las personas trans y no binarias asignadas femenino al nacer a buscar la clandestinidad.
En 2021, el Congreso Nacional, con mayoría conservadora, aprobó una reforma constitucional que prohíbe el aborto incluso en casos de violación, misma disposición que exige una mayoría de tres cuartas partes de los votos para cualquier cambio, todo esto bajo una latente lucha de organizaciones feministas y exigencias de Naciones Unidas.
El aborto nunca ha sido legal en Honduras, pese a esto, se ha blindado el artículo 67 de la Constitución de la República (que establece que, al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley ), elevándolo a una condición de pétreo, necesitando al menos 96 de los 128 votos del Parlamento para legalizarlo, significando una violación a los derechos reproductivos de las mujeres obligándoles a optar por abortos inseguros, que resultan en complicaciones y hasta en la muerte.
Al considerarse ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción del embarazo, aun en caso de violación o incesto, cuando la vida o salud de las mujeres embarazadas está en peligro o en casos de malformaciones graves del feto, se amenaza con penas de entre 2 y 8 años de cárcel, corriendo el riesgo de una pena mayor en caso de ser asimilado como homicidio, dejando como única opción la prisión para quien desee decidir sobre su cuerpo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y un millón de niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año, siendo Honduras es uno de los países con una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en la región.
Por su parte el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) evidenció que el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos inseguros o clandestinos, realizados en condiciones antihigiénicas sin atención médica.
Es necesario recordar que la Secretaria de Salud (SESAL) en 2021, registró 21,627 partos de niñas con edades comprendidas entre 15 y 19. En el mismo año, los partos de niñas de 10 a 14 años de edad fueron 920. Tomando en cuenta que este conteo corresponde únicamente a hospitales públicos, la cifra podría ser mayor si se contara con el registro de hospitales privados.
De enero a junio de este año, 609 niñas menores a 18 años, fueron víctimas de violación, esto contando solo los casos que fueron denunciados. Con la despenalización del aborto, al menos por tres causales, se comenzaría a proteger a las niñas sobrevivientes de violencia sexual que no fueron protegidas adecuadamente para evitar la violencia ejercida sobre ellas y que posteriormente sean criminalizadas.
Sin embargo, este no es el único problema que surge a raíz de la penalización del aborto; el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró que hasta marzo de este año, el 12.2% de las mujeres y niñas del área rural son analfabetas y en el área urbana el analfabetismo alcanza un 6.3%; la privación del aborto para las mujeres, niñas y hombres trans, aumenta la deserción escolar y por ende crece el analfabetismo, la pobreza y el desempleo, sumando a esto el incremento de hogares violentos donde miles de mujeres viven sometidas gracias a un Estado que coarta sus derechos básicos.
Además, en manos de un Congreso Nacional cuya prioridad no son las mujeres, evidenciando una mayoría antiderechos, pareciera avanzar en una agenda fundamentalista que no desea legislar en favor del derecho a decir, dejando como segundo plano las promesas plasmadas en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, donde aseguró velar por una Honduras mejor para las mujeres.
Es necesario y urgente implementar la educación sexual integral en todos los centros educativos del país, de igual forma trabajar en favor del acceso a la salud integral durante el embarazo y asegurar los servicios de salud esenciales para las mujeres como el aborto.
Las exigencias siguen siendo las mismas, necesitamos políticas públicas que velen por la seguridad y salud de las niñas, jóvenes y mujeres hondureñas, negándose a que ninguna se vea orillada a arriesgar su salud y su vida teniendo disponible personal capacitado en los centros de salud públicos; exigimos abortos gratuitos como garantía al derecho humano de decidir sobre nuestros cuerpos, abogamos por la libertad de todas aquellas que se ven reprimidas por una moral patriarcal y fundamentalista religiosa.
La maternidad debe ser deseada, informada, elegida y voluntaria, o no será.