Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.
En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.
Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.
Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.
Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.
“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.
Organizaciones firmantes:
- Asociación de Jueces por la Democracia – Honduras
- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia – Zona Norte – Honduras
- FIAN Internacional
- GMB – Sindicato General de Gran Bretaña
- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – El Salvador
- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España
- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras
- Red Lésbica Cattrachas – Honduras
- Solidaridad Mundial – Bélgica