Gilda Rivera es hondureña, psicóloga, miembra fundadora del Centro de Derechos de Mujeres, defensora de derechos humanos y participante activa de distintas instancias de coordinación del movimiento social y popular de Honduras.
Este año Honduras es examinado en la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, mecanismo de monitoreo del cumplimiento de Derechos Humanos en los países miembros de la ONU que se hace cada 4,5 años. El resultado de cada revisión es reflejado en un “informe final” con recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.
P. En el contexto actual de Honduras ¿Cuál es la situación actual de la violencia contra las mujeres y niñas? Qué datos se tiene?
R. Desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente; pasó de 175 muertes en el año 2005 a 636 para el 2013, lo que representa un aumento de 259.46% en los últimos nueve años. “La violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física, psíquica y moral” (Informe de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
En el año 2013, murieron asesinadas mensualmente un promedio de 53 mujeres y una cada 13 horas.
Las particularidades de las muertes violentas de mujeres en Honduras han sido a) Mujeres en zonas urbanas: En el 2012, 3 de cada 5 muertes violentas de mujeres ocurrieron en zonas urbanas, y en el 2013 se identifica una concentración del 40% del total de asesinatos de mujeres en dos ciudades[1]: San Pedro Sula y el Distrito Central. b) Mujeres jóvenes: representando anualmente porcentajes entre el 43 y 48 por ciento, y siendo actualmente el rango de edad de 20-24 años el más afectado c)Armas de fuego: se utiliza en más del 70% de las muertes violentas de mujeres. d) En el 40.4% de las muertes violentas de mujeres ocurridas durante el 2012 se desconoce el lugar en el que se cometió el crimen; lo que implica que las mujeres, niñas y adolescentes víctimas fueron sustraídas del lugar donde se encontraban, retenidas en contra de su voluntad, probablemente víctimas de abusos sexuales y torturas, para posteriormente asesinarlas y ser abandonadas en la vía pública. e)Impunidad: el promedio de impunidad en los últimos 6 años es de 93.5%
La violencia doméstica es la primera causa de denuncia de delitos contra las personas. Entre 2009 y 2012 se presentaron 82,547 denuncias de violencia doméstica en los juzgados de letras y paz del país, un promedio de 20, 637 por año, de las cuales menos de un tercio finalizaron en sentencia, correspondiendo el 92% a denuncias de mujeres agredidas, y un 8% a denuncias de hombres[2]. La falta de seguimiento a los casos denunciados y de medidas de protección efectivas para las mujeres, y de programas preventivos en las comunidades, conllevan a las crecientes tasas de femicidios.
La violación[3] ocupa el tercer lugar entre los delitos más denunciados a nivel nacional y es el delito sexual contra las mujeres más denunciado (61.6%). Durante el año 2013, se presentaron 2,851 denuncias de violencia sexual[4], lo que implica que cada 3 horas se interpuso una denuncia en Honduras. Según estimaciones la prevalencia de violencia sexual pasó de ser 4.6 en el 2008 a 8.6 en el 2010[5]. El 94.5% de los casos quedan en la impunidad[6].
P. Qué recomendaciones hechas en el anterior informe EPU han sido implementadas y cuáles faltan por implementar? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que las organizaciones de mujeres quieren transmitir respecto a la violencia contra mujeres y niñas?
R. Entre las principales preocupaciones de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas y que queremos sean retomadas en el EPU se encuentran:
– El incremento de los femicidios y muertes violentas de mujeres con altos índices de impunidad, como resultado de la falta de voluntad política del gobierno y las estructuras responsables de garantizar justicia.
– Las políticas de seguridad centradas en la militarización y que han significado mayor represióny violencia en todo el país.
– La prohibición por acuerdo ejecutivo de la Secretaría de Salud –prohibición emitida en medio del golpe de Estado-, de la Anticoncepción de Emergencia cuando la misma era parte de las políticas de salud pública desde la década de los noventa. El gran número de abortos clandestinos y la penalización, por cualquier causal, del mismo. No se debate el tema por influencias de las cúpulas de las iglesias y sectores fundamentalistas.
– La existencia de la Ley de Empleo por Hora que ha llevado a la precarización y des-regularización de las leyes laborales
– La criminalización y judicialización de la labor y las defensoras de derechos humanos. El gobierno aprobó una ley de protección de defensores de derechos humanos, sin embargo la misma tiene algunas disposiciones que podrían significar obstáculos en la implementación de la misma.
– La negación del Estado de Honduras de aprobar el protocolo Facultativo de la CEDAW.
P. ¿Durante el proceso de elaboración de informes sobre la situación de Derechos Humanos, las organizaciones de mujeres de Honduras han sido consultadas? Si no es así, qué mecanismos han tenido para presentar sus preocupaciones respecto a la violencia contra las mujeres?
R. Las organizaciones de mujeres no fuimos consultadas en la elaboración del informe ante el EPU. Sin embargo, hemos realizado e impulsado una serie de estrategias para colocar el tema de las violencias contra las mujeres en el debate público y como parte de la agenda y compromisos de los gobiernos, algo que no hemos logrado, especialmente con el actual gobierno que se ha negado a los espacios de participación ciudadana especialmente con las organizaciones que le son críticas, además, que ha mostrado muy poca o ninguna disposición de destinar presupuestos, establecer mecanismos y procedimientos y voluntad política para atender la problemática de violencias contra las mujeres. Hemos impulsado manifestaciones públicas, informes ante relatorías especiales de la ONU, ante el sistema interamericano, comunicados, tomas de calles, entrevistas con autoridades al más alto nivel, investigaciones, etc.
P. Cuál ha sido el rol de la UE en la lucha contra la violencia contra las mujeres en Centro América? ¿Qué se ha hecho?
R. Yo diría que por lo menos no se han olvidado del tema, aunque sus mayores prioridades están en temas como la seguridad. Sin embargo, no se puede desconocer que la UE saca convocatorias a proyectos dirigidos a atender las violencias contra las mujeres y defensoras de DDHH. No sé cuánto significan estas convocatorias en el porcentaje total de su cooperación. Me da la impresión, sin embargo, que en el apoyo al gobierno no se ha exigido el compromiso de éste con políticas integrales que permitan atender y garantizar los derechos de las mujeres. El actual embajador de la UE ha mostrado apertura a un diálogo y receptividad a la problemática.
¿Consideras que es suficiente lo que la UE está haciendo?.
Nunca es suficiente a partir del contexto en que se vive. No es suficiente la transversalidad del enfoque de género, si desde las instancias del Estado no hay un compromiso y voluntad política real con los derechos de las mujeres y más bien con sus políticas y actuaciones se privilegian a grupos y personas que se oponen y violan derechos humanos, entre ellos los de las mujeres: saqueo de los bienes comunes y estrategias de expulsión de las comunidades de sus territorios; criminalización de las luchas y la defensa de los derechos humanos; políticas económicas que significan reducción de derechos o perdida casi total de derechos como la salud, educación, vivienda, etc.
Se tendría que exigir en los proyectos bilaterales de la UE con el gobierno, indicadores efectivos que permitieran tener mediciones precisas de los impactos de los proyectos que la UE apoya al gobierno de Honduras en los derechos de la población. Además de medir avances, obstáculos, resultados etc.
Los gobiernos de Honduras son expertos, y éste mucho más, en aprobar leyes, políticas, marcos jurídicos, sin tener presupuesto, definidos mecanismos y mucho menos contar con voluntad política para hacer efectivos los avances formales.
P. Como sabes, Grupo Sur es una de las redes europeas que hace incidencia frente a la UE. ¿Qué recomendaciones harías al trabajo de las redes y sociedad civil presente en Bruselas?
R. Es evidente que la región centroamericana ha dejado de ser una prioridad en la agenda de la cooperación, posiblemente en un momento crucial de regresión y pérdida de derechos de la población. La solidaridad es fundamental, tratar de volver la mirada de la sociedad civil y de las redes a los graves problemas que se presentan en países como Honduras reconociendo que la militarización, la fragilidad de un Estado como el hondureño (frágil para atender las necesidades y derechos de la mayoría del país pero fuerte para garantizar exigencias e intereses de grupos de poder nacionales y transnacionales) tiene repercusiones significativas que van más allá de las fronteras hondureñas.
Entrevista tomada de la página de GrupoSur