Una de las principales causas de la inseguridad alimentaria en Honduras es el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de su población, siendo las mujeres las más afectada por la falta de acceso a los recursos necesarios para obtener la disponibilidad suficiente y estable de alimentos.
Según el índice Global de Seguridad Alimentaria 2022, realizado por The Economist Impact, con el apoyo de Corteva Agriscience, las mujeres representan casi la mitad de la población dedicada a la agricultura en todo el mundo; señalando que las mujeres rurales son la población con menor acceso a tierras fértiles e insumos para cosechas, negándoles por generaciones el acceso a la producción de alimentos para su consumo y venta.
En Honduras hay 2.2 millones mujeres rurales, el 70% vive en condiciones de pobreza y solo el 14 % (280.000) posee títulos de tierras, esto significa que el 86% de las mujeres rurales no tienen acceso a los bienes productivos como la tierra, el crédito y la asistencia técnica
Desde el 2011, el CDM ha estado trabajando en el fortalecimiento económico de las mujeres en la zona sur Honduras, especialmente en los municipios de El Triunfo, Yusguare y en los últimos dos años en Concepción de María en el departamento de Choluteca, brindándoles herramientas, procesos formativos de economía feminista y semillas para la creación de huertos.
El programa de Construcción de ciudadanía se ha fortalecido en seguridad alimentaria con la iniciativa de huertos familiares, donde las mujeres rurales han encontrado la oportunidad de sembrar y producir alimentos que se consumen especialmente en la zona sur del país, como el camote, ayote, pepino, frijoles verdes, frijol rojo, maíz, chile dulce, tomate, entre otros; asimismo, ponen en práctica la elaboración de abonos orgánicos permitiéndoles tener cultivos sin químicos.
Estas acciones de seguridad alimentaria y autonomía económica de las mujeres, forman parte de un compromiso para fortalecer y formar lideresas en los hogares, brindándoles libertad económica, ya que lo producido en la tierra no solo les permite llevar comida a sus mesas, si no también venderlos o intercambiarlos por otros productos de la canasta básica.
Asimismo, por medio de esta iniciativa el CDM ha acompañado a veintitrés familias en la promoción y defensa de sus derechos, sobre todo en sus capacidades en el derecho económico, brindando apoyo a sus ideas productivas sostenibles, fortaleciendo su empoderamiento social y financiero.
Estas iniciativas se dan también como una manera de combatir la violencia económica, uno de las expresiones en las que se da la violencia en el hogar, ya que es una realidad que muchas mujeres continúan viviendo bajo el mismo techo que su agresor al no tener alternativas para llevar alimento a sus hogares, sumando a esto la falta de empleo y políticas públicas que protejan la seguridad alimentaria como Derecho Humano de las mujeres, incrementando así, el número de hogares violentos en el país.
A nivel nacional, el sistema de atención de emergencias 911, contabilizó hasta el 31 de agosto 41,410 denuncias de maltrato familiar y 25,784 denuncias de violencia doméstica.
En el departamento de Choluteca (departamento de ejecución del programa de seguridad alimentaria) se documentaron un total de 1,819 denuncias por violencia doméstica, y 2,029 denuncias de maltrato familiar, según datos del 911.
Griselda Suazo, facilitadora territorial de programa, manifestó que “es satisfactorio saber que el CDM ha impulsado este tipo de proyectos, porque esto le permite a las mujeres ir saliendo de espacios de violencia.”
Este fortalecimiento a la economía, permite que las mujeres que participan de este programa tengan asegurado el alimento, brindándoles la oportunidad de salir de situaciones de violencia junto a sus hijos, sintiéndose acompañadas en una sociedad patriarcal que deja a un lado a la mujer, sobre todo a las mujeres en zonas rurales, negándoles el acceso a la tierra.
Es importante recordar que el Estado está obligado a tomar medidas y a desarrollar programas concretos para garantizar la disponibilidad, calidad, pertinencia y acceso a los alimentos, garantizándolos como un derecho humano.
La mujer es un pilar en el desarrollo agrícola y rural; trabajan en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, es por esto que, exigimos al Estado de Honduras la creación de políticas públicas que favorezcan y empoderen a las mujeres, garantizando su participación en la toma de decisiones y reconociendo sus derechos a nivel comunitario mejorando sus oportunidades de desarrollo y garantizándoles el acceso a la tierra.