Cuando las mineras empezaron a trabajar en el territorio de Tolupán en el 2012, Dilma Consuelo Soto y otros en su comunidad indígena estaban preocupados. “Ya mirábamos las aguas y se estaban poniendo rojas, y rojas.”
Consuelo y otros habían estado luchando contra la minería durante una década. Tuvieron una reunión de asamblea de tribu de Tolupán para expresar sus preocupaciones acerca de una mina de antimonio: “Nosotros queremos decir al consejo directivo que no dejara entrar a las mineras porque eso era contaminación. Pero no nos escucharon.”
Por esta razón, se lanzaron a las calles, y algunos integrantes indígenas fueron asesinados. Según Radio Progreso, en el 2013 la vivienda de Consuelo fue balaceada y ella tuvo que abandonar su casa; sin embargo, meses después regresó a seguir en la lucha. En el 2015, asesinaron a su esposo, Luís de los Reyes Marcia—supuestamente, fue un crimen de venganza relacionado a la lucha medioambiental. Consuelo tuvo que escapar de la zona para vivir un tiempo en San Pedro Sula con sus hijas; ahora que ha regresado a la zona, las amenazas continúan, dice.
Por sus años de lucha, Consuelo fue la merecedora este año del Premio Carlos Escaleras; premio que da homenaje a un gran defensor del Valle de Aguán y de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Carlos Escaleras fue asesinado el 18 de octubre del 1997 y el crimen sigue en la impunidad.
El premio se otorga cada año en el aniversario de la muerte de Carlos; el año pasado, la ganadora fue la líder garífuna Miriam Miranda. El premio está apoyado por varias organizaciones: la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Radio Progreso y el Centro de Derechos de Mujeres. Todas forman parte de Proyecto Madre Tierra—apoyado por Diakonia y la Unión Europea—que busca fortalecer el trabajo de defensoras/es del medio ambiente en Honduras.
Consuelo dijo que no esperaba ganar el premio pero que el honor le dio inspiración. “Hoy voy más emocionada a las comunidades,” dijo.
Los otros nominadores también fueron reconocidos por sus luchas:
- Orbelina Fores, activista de más de 20 años, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguan y co-creadora de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguan;
- Pedro Landa, defensor de la tierra durante 20 años y fundador de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA);
- Osman Orellana, líder juvenil de Atlántida que ha impulsado luchas comunitarias contra el extractivismo en la cordillera de Nombre de Dios;
- Gaspar Sánchez, defensor del pueblo Lenca y los derechos LBGTI con 14 años de experiencia luchando con el COPINH (coordinador de diversidad sexual e igualdad de derechos y también temas legales y jurídicos);
- Elsy Banegas, sindicalista y primera mujer a liderar la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) que ha enfrentado a terratenientes y agro industriales en defensa de la tierra;
- Betty Vásquez, fundadora y coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) y feminista y defensora de los pueblos indígenas
- Pedro Canales, coordinador de la Asociación por el Desarrollo de la Península de la Zacate Grande (ADEPZA) y defensor de la zona durante 18 años
Unos de los nominados, Pedro Canales, viajó desde la zona sur del país con su hijo para la ceremonia. Dijo que desde los finales de su adolescencia, empezaba a cuestionar la privatización de la isla. Poco a poco, se dio cuenta de la injusticia: una familia podría llevar décadas cultivando y viviendo en una zona, pero una persona rica podría conseguirse papeles legales dándole el control de esta tierra y despojar a la familia.
Se juntó a otros que se oponían a la venta de las tierras y el despojo de muchas familias. Durante ocho años, debido a actos de protesta en que Pedro estaba involucrado, él tenía medias sustitutivas (una sentencia para evitar la cárcel). “Nos han encarcelado. Nos han procesado. Nos han llevado injustamente a los tribunales. Pero esto no nos ha hecho desvanecer. Nos ha hecho seguir en la lucha.”
Según Pedro, la organización ha tenido éxito: hay menos despojo ahora que antes. “Por lo menos hay gente que hace reclamos… un logro es haber mantenido esta lucha con tanta represión durante 18 años.”
Antes de la entrega del premio, el gobierno realizó una ceremonia dónde pidió perdón por los años de impunidad en el caso de Carlos Escaleras. Su hermano, Elvin Escaleras, dijo que ha habido “20 años de injusticia, impunidad y dolor” y agradeció a la organización ERIC-SJ y el pueblo de Tocoa por su apoyo.
Douglas Escaleras, el hijo de Carlos y quien tenía 14 años cuando su papá falleció, describió a su padre como un hombre espiritual y honesto que le ha inspirado a participar en un sindicato dónde trabaja actualmente. “Me siento muy orgulloso, muy digno al hablar de mi padre,” dijo.
“Capto parte de lo que él nos inculcó. Donde lo ajeno se respeta, donde el mal de uno tiene que ser el mal del otro, donde no hay que ser conformista en el aspecto de que solo me intereso por mí mismo y no por los demás.”