DECLARATORIA
En el marco del proceso mundial de evaluación de Cairo +20, más de 40 organizaciones de Centroamérica, México y Belice celebraron el “Foro sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Centroamérica y México” en San Salvador, del 26 al 27 de julio del 2013.
Considerando que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, coloca en el centro de los asuntos de población y desarrollo los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes de manera integral, e incorpora compromisos con el desarrollo sostenible, con la igualdad y equidad de género y con el acceso universal a los servicios de salud, entre otros.
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2011 un acuerdo para extender el Programa de Acción de la CIPD más allá del 2014 y emprender un proceso de revisión operativa para evaluar avances, identificar temas emergentes y reafirmar el compromiso.
Considerando que el Acuerdo 2 sobre población, territorio y desarrollo sostenible y otras actividades prioritarias del Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL (Quito, 2012) en su numeral 6 llama a los Estados miembros a proteger los logros e intensificar las acciones del Programa de Acción de la CIPD. En particular, aquellas relacionadas con garantizar los derechos reproductivos y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes mediante la educación integral en sexualidad y la información y acceso a estos servicios; la protección contra el abuso sexual, en particular en el caso de niñas y adolescentes; la prevención y el tratamiento de Infecciones de Transmisión sexual y el VIH-SIDA; la prestación universal de servicios integrales de maternidad saludable; e insta a que se intensifiquen los esfuerzos por disminuir las disparidades que persisten en los países en el cumplimiento de esos objetivos, mediante la asignación de recursos específicos que beneficien a las poblaciones que sufren mayor exclusión social.
Considerando que en Agosto próximo, los representantes gubernamentales de los Estados de América Latina y el Caribe se darán cita en Montevideo en la Primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
Las organizaciones presentes en el Foro demandan que los gobiernos se comprometan a no dar ningún paso atrás en la Agenda pactada hace casi 20 años y para que profundicen su implementación y cumplimiento más allá del 2014, con las siguientes prioridades:
Derechos de las personas adolescentes y jóvenes:
- Creación de una agenda de inversión en juventud basada en estándares internacionales que reconozca a las personas jóvenes como sujetos de derechos y garantice condiciones para el acceso universal al ejercicio y goce pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
- Garantizar el acceso de las personas adolescentes sin tutelaje a información científica y laica sobre sexualidad como bienestar físico, psicológico y emocional; así como el consentimiento informado de métodos de prevención y anticoncepción.
- Garantizar las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad del sistema educativo, así como el ingreso y permanencia de personas jóvenes en las instituciones educativas a todos los nivele. Dichas instituciones deben ser laicas, públicas, gratuitas, de calidad e interculturales.
- Crear legislación y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y el acceso de las personas jóvenes al trabajo digno. En el caso de países en los que ya exista legislación y políticas públicas al respecto, garantizar mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas para el cumplimiento de los derechos laborales.
- Contemplar políticas que faciliten el tránsito de la educación al trabajo formal, a través de inversión en modelos alternativos de formación para el trabajo, así como el reconocimiento de programas de educación no formal.
- Impulsar políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente no deseado, con especial énfasis en el interés superior de las niñas, buscando eliminar los casos de embarazos impuestos por violencia sexual.
- Revisar la legislación y las normas discriminatorias que restringen la protección de la vida y la salud de las mujeres, sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, facilitando su armonización con los estándares internacionales de derechos humanos.
Derechos sexuales y reproductivos y servicios de salud sexual y reproductiva:
- Garantizar el acceso a servicios universales, integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva diferenciados por ciclo de vida, identidad de género, identidad étnica y discapacidad, brindando tratamientos con pertinencia cultural.
- Eliminación de la violencia obstétrica, prácticas médicas obsoletas y negligencia de parte de las personas prestadoras de servicios de salud.
- Redoblar los esfuerzos para eliminar la morbilidad y mortalidad materna prevenible, garantizando la intersectorialidad de las intervenciones, la descentralización y la disponibilidad de recursos e insumos necesarios para disminuir las causantes de muerte.
- Asegurar el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y modernos, incluida la anticoncepción de emergencia y servicios oportunos, enfatizando en víctimas de violencia sexual, garantizando la aplicación de los protocolos existentes.
- Verificar el acceso a la interrupción del Embarazo en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley y/o revisar el marco legal donde esté penalizado en defensa del derecho a decidir, y el derecho a la vida y la salud de las mujeres.
- Reforzar el acceso a servicios de salud sexual para personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversos y detener las intervenciones quirúrgicas forzadas para la definición del sexo de las personas intersexuales, con base en estándares internacionales.
- Garantizar la cobertura universal de antirretrovirales para personas que viven con VIH y Sida promoviendo la liberación de patentes y de medicamentos de última generación que atiendan la condición de las mujeres y jóvenes portadoras, incluyendo, pero sin limitarse, la prevención de la transmisión vertical.
Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y de todas las formas de discriminación sexual, étnica, territorial, etárea, discapacidad, mujeres con VIH o cualquier otra condición de salud, así como por la orientación sexual e identidad y expresión de género:
- Garantizar la implementación de los marcos jurídicos de protección y el acceso a la justicia para las mujeres.
- Ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW para garantizar el acceso universal a los derechos humanos de las mujeres en los países que no lo han realizado.
- Promover políticas públicas que garanticen la igualdad salarial y estabilidad laboral de las mujeres en todo su ciclo de vida.
- Impulsar una política de derechos laborales que reconozcan el trabajo de las mujeres, incluyendo el sector informal, el auto empleo y el trabajo sexual.
- Fortalecer los mecanismos para acceder a la justicia laboral desde una visión del derecho social, con un enfoque de igualdad, equidad, intercultural y de derechos humanos; reconociendo el trabajo doméstico y reproductivo como un aporte significativo a la economía productiva de los países.
- Garantizar que las mujeres jóvenes y niñas accedan a la justicia sin que sean obligatorios los mecanismos de tutelaje, sin olvidar el ámbito rural, las zonas étnicas y costeras.
- Fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral y la paternidad responsable.
Para implementar estas prioridades se requiere de un compromiso renovado de los gobiernos de la región con el Programa de Acción del Cairo y de la ineludible asignación presupuestaria que permita la ejecución de las políticas públicas; así como de un trabajo corresponsable sociedad civil-gobierno, en el que se reconozca la participación de mujeres y personas jóvenes.
Garantizando la dotación de recursos financieros para la ejecución de las políticas públicas relativas a salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos, así como las políticas de población y desarrollo, para asegurar una oferta pública, universal, permanente y de calidad, con énfasis en las personas en condiciones de marginación y exclusión social.
Creando mecanismos permanentes para asegurar la participación de las organizaciones de mujeres y jóvenes en los procesos de consulta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas de población y desarrollo más allá del 2014.
San Salvador, El Salvador, 27 de junio del 2013.