Nosotras, integrantes de la Red Regional por la Seguridad de las Mujeres conformada por 79 organizaciones de mujeres de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: Concebimos la seguridad ciudadana como la condición/aspiración que permite el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y por ende, el disfrute de todos nuestros derechos, entre ellos decidir sobre nuestros cuerpos, vivir con y en libertad, libres de violencia y sin miedo, a un buen vivir en lo personal, comunitario, social y político, intimo, privado y público. Una seguridad que elimine las prácticas culturales de violencia y que fortalezca los procesos de construcción colectiva y la participación. Esta concepción demanda una inversión del Estado en la vida de las mujeres y un alto a la militarización y al armamentismo.
En el marco de la I Reunión Ministerial de Seguridad Pública de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “Seguridad y Antidrogas” les recordamos los compromisos asumidos por los países para la consolidación de la Paz en América Latina y el Caribe, la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los países, la protección y promoción de todos los derechos humanos; así como el compromiso adquirido de la necesidad de contar con una visión de consenso regional de seguridad ciudadana con un enfoque de desarrollo humano, y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en el contexto actual que se vive en los países y en las comunidades en donde la narcoactividad predomina la cotidianidad registra que los mismos constituyen territorios en guerra.
La vida y los cuerpos de las mujeres se impactan profundamente cuando los territorios donde transcurren sus vidas cotidianas se han remilitarizado y/o están controlados y disputados por las pandillas, maras, crimen y narcotráfico.
Se trata de un escenario en el que a las violencias, se suman, agravan y concluyen con las muertes de las mujeres, como expresión de las relaciones patriarcales históricamente construidas, que se actualizan y complejizan. Si bien las políticas de seguridad se enfocan hacia estos ejes del crimen organizado, tienden a culpabilizar ore victimizar a las mujeres y no se diseñan estrategias específicas, adecuadas a sus circunstancias y necesidades.
Para las mujeres centroamericanas, la presencia militar, tiene efectos negativos en nuestras vidas, la presencia del crimen organizado y narcotráfico a través de hombres armados en nuestras comunidades atenta contra nuestra seguridad, sin embargo la presencia militar no es la solución a nuestros problemas ya que se agudiza la violencia y solo se contribuye con la industria armamentista. Las vulnerabilidades de las mujeres y niñas se incrementan cuando las fuerzas policiales y militares se convierten en perpetradores de violencia, particularmente de violencia sexual.
Los narcotraficantes, militares, guardias de seguridad ejercen poderes fácticos, atemorizan a las comunidades, queman cultivos, las mujeres están viéndose obligadas a abandonar sus tierras, a veces sin poderlas vender, provocando desplazamientos forzosos, para ponerse a salvo de estas agresiones, desplazamientos que las enfrenta a otros riesgos para su seguridad, perdiendo las formas tradicionales de sostenimiento económico y rompiendo lazos y tejidos comunitarios.
Los altos índices de impunidad, superiores al 90% en la región, nos indican que los sistemas de seguridad y de justicia son frágiles e insuficientes, por su baja cobertura, presupuestos reducidos y por una concepción que no aborda la complejidad de la problemática que se está viviendo.
El aumento de la violencia, femicida/feminicida, el racismo y la discriminación en la región, sucede en escenarios tradicionales como en la relación de pareja y la familia. En el ámbito público, hay escenarios emergentes en el marco del narcotráfico y el crimen organizado, integrado por sujetos desconocidos y por agentes del Estado, entre los que se puede mencionar los procesos de desalojo ejecutados por agentes del estado en el marco de la implantación del modelo extractivo (hidroeléctricas, minas, siembra de agro-combustibles como la palma africana).
Las mujeres centroamericanas enfrentamos múltiples formas de violencia, la trata de personas, la explotación sexual comercial, el turismo sexual y la violencia económica. Con preocupación observamos el aumento del control sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, que constituye un retroceso en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, coincidente con el auge de los fundamentalismo religiosos, y su influencia en las políticas públicas.
Los altos índices de femicidios/feminicidios, violencia sexual en mujeres y niñas que se incrementan día a día, cuestionan la efectividad de las acciones para evitar tales delitos. La emergencia de nuevas manifestaciones de violencia asociadas a actividades ilegales como la trata de personas, el comercio sexual de mujeres y niñas, el narcotráfico, maras y pandillas, ponen en el centro del debate la interrogante sobre el enfoque y las formas de enfrentar y atender el problema.
Ante esta situación demandamos:
Los Estados deben garantizar los mecanismos para que las políticas nacionales de seguridad recuperen el enfoque de seguridad democrática y como parte de ello, se retome el papel subordinado de las fuerzas armadas al poder civil, tengan como prioridad a las personas en general y las mujeres en particular, sus libertades y su derecho a vivir una vida libre de violencias.
Los Estados deben resolver sobre el control y uso responsable de las armas entre los ciudadanos, impidiendo la tenencia de las mismas entre aquellos que han cometido delitos contra los Derechos Humanos de las mujeres.
Exigimos presupuestos apropiados para la implementación de las políticas, y leyes a favor de las mujeres.
Hacemos un llamado a los países, a los medios de comunicación a no colaborar con el arraigo de una ideología militarista y armamentista, y una narco-cultura patriarcal; de no propiciar su comunicación a través de música, telenovelas, cine, programas infantiles, etc., que propician la violencia contra las mujeres, la utilización de los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales y territorios en disputa por el narcotráfico y el crimen organizado.
Impulsar la transparencia y el acceso a la información pública sobre políticas de seguridad, lucha antinarcótica, en donde se debe establecer información estadística desagregada por sexo en todas las dimensiones de los registros institucionales y nacionales.
Establecer políticas diferenciadas a mujeres privadas de libertad de acuerdo a la gravedad de los ilícitos estableciendo programas no privativos y de protección a hijas e hijos de las mujeres, así como el establecimiento de programas de empleo y reinserción a las comunidades.
Garantizar que todas las políticas de seguridad a nivel regional se implementen sobre la base de lo avanzado en nuestros países en el marco de los convenios internacionales ratificados por los Estados y las políticas públicas e institucionalidad que velan por los derechos de las mujeres, para el fortalecimiento de los Estados laicos y la democracia.
Exigimos que cese la criminalización hacia la juventud por parte de los Estados. Atender con políticas públicas eficaces la falta de educación, la prevención de los embarazos no deseados, las violencias, particularmente el incesto y la falta de oportunidades que han obstaculizado la participación ciudadana de la juventud.
Demandamos el respeto y la protección a las Defensoras de Derechos Humanos y exigimos cese la criminalización así como la persecución política y judicial hacia ellas.
Condenamos el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres y la imposición de la maternidad obligatoria. Exigimos políticas públicas que garanticen una educación sexual, que faciliten el acceso a métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de emergencia y la despenalización absoluta del aborto en todas sus formas.
Seguridad para todas, en todos los espacios, con todos nuestros derechos
- Red de Muejres contra la Voolencia – Nicaragua
- Sector de Mujeres – Guatemala
- Foro de Mujeres por la Vida – Honduras
- Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres – El Salvador