Belén tiene 11 años y está embarazada. Durante dos años experimentó abusos y violaciones por parte de la pareja de su madre, sin que nadie se diera cuenta o sin que nadie hiciera nada para evitarlo.
El caso, recién denunciado y que ya circula por la prensa nacional e internacional, avergüenza a la sociedad chilena y, sobre todo, avergüenza al Estado chileno que se ha negado, porfiadamente, a derogar la legislación punitiva que prohíbe la interrupción legal del embarazo en cualquier circunstancia. Incluso en este, en que una niña violada debe enfrentar un embarazo impuesto por la fuerza, con las consecuencias que ello puede acarrear en su vida y su salud.
La violación sexual cobra especial gravedad cuando afecta a menores de edad -en la vasta mayoría niñas atacadas por varones de su círculo familiar más cercano- por su dificultad para rechazar y denunciar el ataque. En algunos sectores sociales el incesto es considerado como parte de las relaciones “normales” y habituales que se establecen entre un padre o padrastro y su progenie, mientras la madre calla y acata. Estas relaciones incestuosas e impunes sepultan para siempre el futuro de estas niñas-madres, dramas que se hunden en el silencio e indiferencia social.
Un embarazo indeseado, impuesto por la fuerza, no constituye sino la prolongación de la violencia, y contribuye a un mayor deterioro en la salud mental de la mujer o niña abusada. Ningún discurso moral, ético ni religioso puede justificar tal trasgresión a la integridad corporal y psíquica de la víctima.
Mientras en países como Uruguay se avanza a legislaciones progresistas y más humanas que reconocen la autodeterminación de las mujeres frente a un embarazo, y se rechazan propuestas regresivas que intentan su derogación, Chile sigue siendo uno de los escasos países del mundo que no permiten el aborto en ninguna condición, condenando a las mujeres a maternidades impuestas o a abortar en condiciones de riesgo y clandestinidad.
La interrupción del embarazo por razones terapéuticas existió en el país desde 1931, pero fue derogado en 1989 tras una negociación directa de la alta jerarquía de la Iglesia Católica con la Junta de Gobierno presidida por el dictador Pinochet, poco antes del término de su gobierno de facto. En la vuelta a la democracia, los sucesivos gobiernos se han negado tozudamente a incluir en sus agendas la reposición del aborto terapéutico ni han apoyado propuestas legislativas que buscan despenalizar, en abierta contravención con compromisos asumidos por Chile en la Conferencia de Beijing, que en el párrafo 106, letra k, de su Plataforma de Acción, llama a revisar las leyes punitivas contra mujeres que abortan. Y pese a recibir recomendaciones directas en el mismo sentido del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Comité de la CEDAW. El peso del lobby eclesiástico ha sido determinante para esta situación que subordina y desconoce a las mujeres como sujetas de derecho.
La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, como parte activa de los movimientos sociales que luchan por un Chile más justo, exige y confronta a los poderes del Estado para que asuman sin dilaciones su responsabilidad de proteger la vida, salud y derechos de la pequeña violada. En primer lugar, cautelar el derecho a la salud que le asiste a todo ser humano, y que en este caso está amenazado por la corta edad de la niña, ya que su organismo no tiene la madurez para llevar adelante un evento reproductivo como un embarazo y parto. Y, por sobre todo, llama a respetar el derecho humano de toda mujer y niña a la libertad y autonomía reproductiva.
Hay muchas Belén en el mundo entero, cuyos cuerpos siguen siendo cautivos de la violencia machista y de la violencia institucional que les niega el aborto legal por violación. ¡Basta ya! ¡Estados Laicos, Personas Libres!