Cuando hablamos de mujeres, ¿Menos muertes es igual a menos violencia?

Por más de 12 años, el Centro de Derechos de Mujeres CDM ha registrado la violencia contra las mujeres publicada en los diarios de circulación nacional, constatando el incremente año a año de todas las agresiones, pero con mayor énfasis en la violencia homicida. Pero, según los datos hasta abril del presente año, 2014 podría llegar a ser el año en que esta cifra presente una considerable disminución. Aun tomando en cuenta la tendencia del  30%[1] de las muertes violentas de mujeres que no son reportadas por la prensa y que son registradas por la Policía Nacional, por la Dirección de Medicina Forense, o ambas, y que por distintas razones no llegan a ser noticia.

Entre enero y abril de 2014 la prensa publicó noticias sobre la muerte violenta de 117 mujeres, lo que contrasta con las 156 que publicó en el mismo período de 2013. Del total de de este año y período, en el 55% de los casos hubo más de un hombre homicida/asesino; en el 70% de los casos el o los hombres homicidas/asesinos no son identificados en la noticia y en el 75% se utilizó un arma de fuego. Las ciudades más violentas continúan siendo Comayagüela, San Pedro Sula, Tegucigalpa y la Ceiba.

Dado que los periódicos no publican todos los hechos violentos, podemos afirmar que han ocurrido más muertes violentas de mujeres en el período, pero no se puede acceder a estos datos ya que la Secretaría de Seguridad, después de una reestructuración y creación de dudosos protocolos para el registro de la violencia en general, no ha permitido el acceso a esa información.

Esta cifra sería más que complaciente para las intenciones del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Arturo Corrales, de disminuir a como dé lugar la cifra oficial de homicidios que mantiene a Honduras, por tercer año consecutivo, como el país más violento del mundo.

Lo cierto es que aunque los datos indiquen una disminución en los homicidios de mujeres, un mayor análisis indica que a partir de la entrada en vigencia del tipo penal femicidio, una de cada dos de estas muertes presenta características femicidas; y en muchos de estos casos se identifica misoginia armada[2]. Después de un año de que Honduras haya reconocido el femicidio como un delito,el CDM al analizar la información de los casos que salen en la prensa escrita ha identificado más de 300 femicidios, los que contrastan con los 7 requerimientos fiscales emitidos por la Unidad de Femicidios del Ministerio Público en el mismo período de tiempo, y son evidencia de la deuda constante del Estado de Honduras con los derechos humanos de las mujeres.

El que la prensa escrita reporte menos noticias de violencia contra las mujeres significa nada más que eso, que hay menos reportes de este tipo de noticias. Si esta disminución corresponde o no a la realidad es una hipótesis que debería de comprobarse al contrastarla con información oficial verídica; un escenario demasiado lejano a la realidad nacional.

Por ello es necesario que aunque la exigencia por cifras oficiales continúe, es importante reconocer que no se puede depender de las mismas para evidenciar la violencia, y mucho menos tener una visión reduccionista que se limite a las muertes violentas de mujeres.

La afirmación de que Honduras es un país violento para las mujeres es ampliamente superada por el hecho de que cada 18 horas una mujer es asesinada[3],esta cifra, que es de por sí alarmante, implica una tasa de homicidios de mujeres de 14.6 por cada 100 mil habitantes. Este último indicador es útil a la hora de contextualizar las dimensiones de la violencia, pues más de 150 países tienen un indicador total de homicidios (hombres y mujeres) menor a la tasa de homicidios de mujeres de Honduras; esa tasa en Honduras es mayor incluso que la de países que se encuentran actualmente en guerra[4].

Además de la posible disminución de la cobertura mediática de los casos de violencia para explicar la baja en los asesinatos de mujeres, existe una variable que muestra un escenario menos esperanzador: las desapariciones. En tan sólo 6 años las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de ser 91 en el 2008 a 347 en el 2013, lo que significa un incremento de 281% en los casos de mujeres, niñas y adolescentes que son reportadas como desaparecidas a nivel nacional.

Sumado a lo anterior, y en algunos casos en relación con ello, en el país se descubren constantemente cementerios clandestinos con múltiples víctimas que posiblemente se hayan sido denunciadas como desaparecidas, y en otros casos esas desapariciones ni siquiera llegan a ser reportadas a las autoridades.

Y es que no se pueden desconocer los bajos niveles de confianza que la población hondureña tiene en las instituciones responsables de investigar y judicializar la violencia en el país[5]. Según estos estudios, 44% de la población hondureña no tiene ninguna confianza en la Policía Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público, por lo que son comprensibles los altos niveles de subregistro sobre violencia, y especialmente sobre violencias contra las mujeres, que existen en el país. Fuentes testimoniales a menudo afirman que para ellas es mejor no denunciar por temor a que las autoridades filtren información y de esa manera, como víctimas, corran más peligro.

Este subregistro es más que evidente cuando se analizan los datos sobre delitos sexuales cometidos contra las mujeres, que indican 2,851 denuncias solamente durante el 2013; lo que implica que cada 3 horas se interpone una denuncia por violación sexual en Honduras. Este es un claro indicador de otra violación a los Derechos Humanos de las mujeres, pues las víctimas que denuncian no han tenido acceso a medidas profilácticas para evitar un potencial embarazo no deseado debido a la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, PAE. De acuerdo a los registros oficiales del Ministerio Público, serían más de 8,165 mujeres, niñas y adolescentes las que se han encontrado expuestas a un potencial embarazo no deseado producto de una violación sexual.

Todas estas cifras resultan insuficientes para dimensionar la situación de violencia que enfrentamos las mujeres hondureñas, no sólo porque las datos oficiales no ofrecen un panorama completo y además real,. Del total de denuncias oficiales, los datos indican un 93.5% de impunidad en las muertes violentas de mujeres y femicidios; un 94% de impunidad en violencia sexual y un 75% de impunidad en violencia doméstica.

Además de lo anterior, cabe mencionar que la violencia no se mide únicamente en delitos. Para el caso, la estrategia de seguridad que ha implementado no sólo éste sino la mayoría de los gobiernos, sienta sus bases en el fortalecimiento de las instituciones armadas del país, en la creación de nuevas fuerzas de seguridad y en el aumentodel presupuesto para dichas instituciones. Todo esto refuerza en el imaginario social el falso ideal de que una sociedad armada es una sociedad segura, y que la cotidianidad se vive con miedo.

La estrategia de seguridad en Honduras es, en base a los rígidos esquemas de “lucha contra el narcotráfico”, armamentista y represiva; creando condiciones que generan más miedo, intimidación y violencia para todos y todas.

Tener una noción de la estructura armamentista oficial implica de forma obligatoria conocer la composición de las instituciones armadas. Según estimaciones delas Naciones Unidas, en Honduras circulan alrededor de un millón de armas de fuego; de éstas, el Estado de Honduras registra un poco más de 25 mil personas entrenadas en el uso y manejo de las mismas (Policía Nacional: 12,805[6]; Fuerzas Armadas: 10,550[7]; Policía Militar: 2,000[8] y; Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres): 300[9]). Debido a que el número de agentes entrenados aumenta continuamente, se estima que esta cifra llegaría a 30 mil para finales del 2014. Y ya que no existe registro público sobre la cantidad de armas en posesión de estas instituciones, se debe hacer la estimación que expertos en seguridad sugieren: existen 2 armas por cada miembro de la institución armada[10].

Además de esta cifra, se debe incluir a las más de 700 empresas de seguridad privada que operan en el país (usualmente propiedad de ex oficiales del ejército o la policía) que cuentan con más de 70 mil guardias de seguridad privada[11]. Lo que implica una razón de 1 policía por cada 5 guardias de seguridad privada.

La legalidad de las armas de fuego no es la constante; pues del millón que se estima circulan a nivel nacional, solamente 282 mil se encuentran registradas[12]. Lo que implica que existe 1 arma legal por cada 20 personas en edad de registrarla. Pero resulta mucho más preocupante aún hacer esta estimación en base al total de armas de fuego, pues los datos indican que en Honduras existe 1 arma de fuego por cada 6 personas mayores de 18 años[13].

Este tipo de políticas que se desarrollan no solamente en Honduras sino en América Latina, han sido y son fuertemente apoyadas por los distintos gobiernos de Estados Unidos; país desde el cual se importan y trafican la mayoría de las armas de fuego presentes en México y Centroamérica; volumen que asciende a las 252,000 armas de fuego que cruzan anualmente la frontera sur de Estados Unidos[14].

Las armas y el poder real y simbólico que le dan a los hombres, con permiso o no de portarlas, se constituye en una condición que vulnera aún más a las mujeres, considerando que casi el 80% de las muertes violentas de mujeres ocurren con armas de fuego.

La violencia estructural no se puede medir con las herramientas que la misma estructura utiliza para encubrirse. Por lo que en Honduras, cuando hablamos de mujeres, menos muertes no significan menos violencia.

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