Ahora, las y los operadores de justicia y defensoras de derechos humanos tienen más conocimiento sobre el proyecto de Código Penal en Honduras. Este año, con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) se reunió con ambos grupos para discutir como el proyecto impacta los derechos de las mujeres. Este proyecto se está discutiendo actualmente en el Congreso.
“Hay altas tasas de violencia contra las mujeres en el país. Sin embargo, en el proyecto de nuevo Código Penal se van disminuyendo las penas,” explica María Esther Escalante, la educadora y abogada con el CDM quien facilitó las jornadas.
Por ejemplo, en los delitos de violencias contra las mujeres varias penas han disminuido o desaparecido. La pena para el femicidio ha bajado a 20-30 años de prisión; antes, era entre 30-40 años. En el nuevo proyecto, existe un concurso real de delitos y se aplicaría la pena de femicidio además de las penas que correspondan. En Colombia, en comparación, hay una pena de 20.5 a 41.5 años para el femicidio.
La pena para una violación ha bajado de 10-15 años de cárcel a una pena de 9-13 años. Además, en el nuevo Código Penal desparece la violación especial—que castigaba con 15-20 años de prisión la violación sexual si la víctima es menor de 12 o mayor de 70 años o si la violación se comete por más de una persona, o por alguien reincidente.
Según Escalante, estos cambios representan “una falta de voluntad política” en el reconocimiento y avance de los derechos de las mujeres y posiblemente una manera de descargar los cárceles. “Hay también un desconocimiento total de los tratados internacionales.”
Escalante manifestó que ambos grupos lograron un nivel más alto de autocrítica. Explicó que los operadores de justicia eran jueces, fiscales y representantes del ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal). Hubo participación de hombres y mujeres en San Pedro Sula y Tegucigalpa; representantes del Ministerio Público en San Pedro Sula expresaron que iban a socializar la información con sus colegas.
En cuanto a las defensoras, Escalante notó que varias estaban involucradas en la defensa territorial y lograron vincular los derechos de las mujeres en el Código Penal a esta lucha. Por ejemplo, las mujeres campesinas pueden ser más victimizadas en una lucha territorial porque pueden ser víctimas de acoso y violencia física y sexual.
La jornada con defensoras tuvo tanto éxito que se armaron dos talleres más con las redes de mujeres en los municipios de Ojojona y Santa Ana. Participaron defensores de derechos humanos importantes tal como Edy Tábora, director de la organización C-Libre, quien habló sobre la libertad de expresión y la protesta en el nuevo Código Penal.
Para Escalante, un logro fue que participaran personas que no tenían ningún vínculo con el trabajo de derechos humanos: profesionales del derecho a título individual. “Aunque no se reconocen como defensoras,” manifestó, “son sensibles a la problemática que enfrentan las mujeres, incorporan elementos de género y a la vez se apropiaron del contenido del proyecto de nuevo Código Penal.”