Los Estados de Centroamérica no garantizan la igualdad de género ni los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y las mujeres
Un reto para el avance en el cumplimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Cuatro años después de aprobado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Centroamérica continúa siendo la subregión de América Latina y el Caribe, donde hay pocos avances en el cumplimiento de las Medidas Prioritarias contempladas en el Consenso, en especial en lo referente a Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, salud sexual y salud reproductiva e igualdad de género.
- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúan sin recibir una educación integral en sexualidad, de una manera científica y basada en derechos humanos. A pesar de que la legislación de algunos países como El Salvador y Guatemala lo reconocen como un derecho, se incluye en el currículo educativo, y el Ministerio de Educación contando con los textos para desarrollarla, no la pone en práctica ni se imparte en las escuelas.
Como consecuencia el embarazo de niñas y adolescentes representa el 30% los partos que se dan en la región, incluso en niñas entre los 10 y 14 años de edad. Costa Rica reporta 500900 en Honduras, 1,440 en El Salvador, 1,600 en Nicaragua y más de 5,000 en Guatemala. La mayoría son producto de abuso o violación en su entorno familiar. En Panamá, según el Ministerio de Salud, de enero a mayo del 2017 se reportaron 4,130 casos de embarazos en adolescentes 10 a 19 años.
El embarazo adolescente se convierte en la primera causa de deserción escolar de las niñas y adolescentes en Centroamérica, frustrando su proyecto de vida y la posibilidad de salir del círculo de la pobreza, la dependencia y de la violencia.
El matrimonio de o con menores de edad, ha dejado de ser legal muy recientemente: en el 2015 en Panamá, en 2016 en Costa Rica y recién en el 2017, en El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque las uniones de hecho, sobre todo en zonas rurales y empobrecidas, sigue siendo una práctica frecuente. Nicaragua es el país de ALC con la tasa más alta de matrimonio infantil (41%). En Honduras es 34 %, en Guatemala 30 %, y en El Salvador 25 %.
Aunque algunos países como El Salvador, Honduras y Guatemala tienen servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes, no ofrecen información adecuada y oportuna, ni brindan consejería para la toma de decisiones libres e informadas. Además no cuentan con espacios adecuados y personal capacitado que garanticen la privacidad y confidencialidad. Esto se hace evidente cuando exigen la autorización de padres, madres, tutores o familiares.
SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
Si bien en algunos países se ha logrado en los últimos años una sensible disminución de la mortalidad materna, la legislación que impide la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida y salud de la mujer gestante dificulta que se reduzcan los casos de mortalidad materna indirecta—vinculados a cardiopatías graves, cáncer y otras enfermedades durante procesos de embarazo.
La prohibición absoluta del aborto en Nicaragua, El Salvador y Honduras y sólo ante riesgo de vida de la mujer gestante en Guatemala y Panamá y de facto en Costa Rica, es una violación del derecho a la vida y la salud de gran número de niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas, siendo la región del mundo con mayores restricciones para la realización de un aborto legal y seguro. Situación que, además de graves impactos en la salud y vida de las mujeres, lleva en El Salvador a la persecución y encarcelamiento de estas, incluso por abortos espontáneos.
La anticoncepción oral de emergencia está totalmente prohibida en Honduras, aunque en países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá no está expresamente prohibida, no se ha permitido nunca el registro de producto dedicado y el régimen Yuzpe no se brinda a las víctimas de violación sexual. En El Salvador sólo se puede aplicar por el Ministerio de Salud en casos de violación. Estas barreras y prohibiciones impiden que las mujeres y adolescentes puedan prevenir un embarazo ocurrido de forma accidental por fallos en anticonceptivos o producto de abuso o violación.
En general los servicios de salud sexual y reproductiva están enfocados, en los casos de jóvenes y adolescentes, a la reducción de embarazos tempranos y la prevención de ITS y VIH/SIDA. No abordan la Salud Sexual y Reproductiva como un derecho, como disfrute y como un aspecto clave para la realización personal, que incluye la salud integral y la salud mental. Generalmente estos servicios estatales soslayan otras tragedias sociales como el abuso sexual a menores de edad, la violencia contra las mujeres, el embarazo y la maternidad forzada. En general, se orientan a la planificación familiar sin satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos para jóvenes independientemente de su estado civil, sin exigirles la presencia o la autorización de una persona adulta y dándoles opciones que vayan más allá de la abstinencia. Esta situación afecta sobre todo a mujeres adolescentes y jóvenes solteras.
La combinación de factores como la falta de educación integral en sexualidad, servicios poco amigables para adolescentes, la prohibición o falta de acceso a la anticoncepción de emergencia y penalización del aborto, generan un flagrante abandono de los Estados de la región a los derechos de salud de las niñas y mujeres, y son la receta perfecta para generar más exclusión, pobreza e incluso la muerte. Ejemplo de ello es que en El Salvador el suicidio es la principal causa de muerte materna de adolescentes embarazadas.
IGUALDAD DE GÉNERO
En general, se han dado avances significativos, en Centroamérica, en cuanto a legislación y políticas para garantizar y fomentar la equidad de género, su aplicación todavía es parcial y muy deficiente. La violencia de género y los feminicidios como su máxima expresión, siguen teniendo altos índices y a pesar de que la legislación de algunos países la tipifica, el sistema judicial tiene una fuerte resistencia para implementar procesos de investigación ágil, científica, libre de prejuicios y de estereotipos, capaces de garantizar justicia para las víctimas, en lugar de impunidad.
Aunque en los países del istmo se ha avanzado en materia legal derogando artículos y haciendo enmiendas a códigos y leyes discriminatorios que dejaban a un lado a las personas de la diversidad sexual, el escenario en el que se desenvuelven las personas de la población LGBTI está marcado por la violencia justificada bajo preceptos morales, por la escasa aplicación de las legislaciones o reglamentos y por la naturalización de reglas y comportamientos que impiden a hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales o transgénero poder acceder a los mismos derechos con que cuentan las personas heterosexuales. Esta problemática es especialmente grave entre los operadores de seguridad y justicia y en los servicios de salud que no disponen de atención adaptada a las necesidades de estas personas.
La representación de las mujeres en cargos políticos de elección nacional y municipal en la región, no es asegurada y se mantiene más baja que la media del resto de países de América Latina y El Caribe; lo cual deriva en la interrupción y el entorpecimiento de la creación, aprobación y aplicación de estrategias y políticas públicas para garantizar la igualdad de género.
Frente al atraso que tenemos en Centroamérica respecto a los demás países de Latinoamérica y el Caribe, para garantizar los derechos, libertades y garantías priorizados en el Consenso de Montevideo, proponemos que en la presente reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se haga un llamado para dar cumplimiento al Consenso de Montevideo y Centroamérica pueda con el firme compromiso de sus gobiernos hacer frente a los siguientes problemas
- Superar los atrasos existentes en Centroamérica respecto a los demás países de Latinoamérica y el Caribe para garantizar de forma efectiva el cumplimiento de los derechos contemplados en el Consenso, en especial los relacionados con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, salud sexual y salud reproductiva e igualdad de género.
- Que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los países centroamericanos, muestren su voluntad política de avanzar en garantizar el cumplimiento del Consenso de Montevideo, mediante la aprobación y aplicación efectiva de leyes y políticas que contribuyan a su cumplimiento.
- Establecer mecanismos específicos para el seguimiento de los avances o dificultades que tiene cada país centroamericano en la implementación del Consenso de Montevideo, identificando causas que los provocan y alternativas de superarlos, con plazos definidos.
- Promover apoyos y asesorías específicas a cada país que le ayuden a superar las dificultades que le impiden avanzar en la efectiva implementación del Consenso de Montevideo
Centroamérica, 03 de noviembre de 2017
Articulación Salvadoreña por el Consenso de Montevideo, El Salvador Espacio de Interlocución sobre Población y Desarrollo, Honduras Nicaragua
Costa Rica Guatemala Panamá