En Honduras, los casos de violencia contra las mujeres son los únicos donde se presume inocencia del agresor y además se hace escarnio público con nuestra integridad
El día de ayer fuimos sorprendidas cuando diversos medios de comunicación publicaron declaraciones de la madre y hermana de la víctima de violación y actos de lujuria, cuyo agresor es el teniente coronel José Arnulfo Jiménez, en las cuales ambas asumen una postura en contra de la víctima. En este caso, queda en evidencia que la joven no cuenta con su núcleo primario de seguridad: su familia; y que a los medios de comunicación no les interesa el impacto que esto pueda causar en la víctima.
Posteriormente quedamos más sorprendidas cuando el canal 36 tiene en sus manos el documento con las declaraciones hechas por la víctima en las audiencias de prueba anticipada, documento que en todo caso, solo debe estar en manos de los operadores de justicia responsables de llevarlo. ¿Cómo llegó este documento –que no es parte de una audiencia pública- a manos de un medio de comunicación? Esto evidencia corrupción como una forma de abuso del poder de los mismos operadores de justicia pues al hacer público aspectos tan íntimos y sensibles para la víctima no contribuyen a su recuperación, por el contrario, generan mayores niveles de vulnerabilidad y revictimización en ella.
Como si lo anterior fuera poco, ese canal hizo un montaje con la sombra de una mujer contestando las preguntas que le hicieron a la víctima durante las audiencias, como si fuera la propia víctima quien las contestaba. La morbosidad y el oportunismo quedaron aún más en evidencia. Sabemos que el señor José Arnulfo Jiménez, padre de la víctima, fue quien ejecutó las órdenes de allanamiento contra radio Globo y canal 36 durante el golpe de Estado. Ese es otro caso, otra violación del agresor. Pero utilizar esta información, para sacar ventaja, no se vale, no es ético, no es responsable
Estamos demandando de parte de los medios de comunicación mayor respeto hacia las mujeres víctimas de violencias. Estas mujeres tienen derechos y encima de sufrir semejantes agresiones, tienen que lidiar no solo con el escrutinio público sino con la manipulación maliciosa que se hace de sus casos.
Exigimos además, que la Corte Suprema de Justicia investigue cómo salió de sus instalaciones el documento con la declaración de la víctima y se tomen las sanciones pertinentes pues como operadores de justicia y de acuerdo a las Reglas de Brasilia, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, una de las normas éticas de los operadores de justicia es precisamente garantizar la integridad de las víctimas, especialmente cuando están en una posición de vulnerabilidad, incluyendo la prohibición de difusión de información que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.
Aprovechamos para reiterar que para nosotras es lamentable, que en los casos de violencia contra las mujeres, de quien se sospecha es de la víctima y no del agresor, independientemente de que este sea un empresario, un campesino, un obrero o un militar.
Tegucigalpa, 28 de marzo de 2012
Centro de Derechos de Mujeres