¿A qué le tienen tanto miedo?, ¿por qué es urgente nombrar ahora un Fiscal General para los próximos cinco años?
Honduras, 12 de julio de 2013
Señores(as) Diputados y Diputadas,
La institucionalidad del Ministerio Público y los sectores ciudadanos que luchamos por el adecentamiento de este país, no soportaremos un nuevo cálculo político-partidario y de grupo de poder en el marco de la elección del próximo Fiscal General del Estado y del Fiscal Adjunto.
Para la Coalición contra la Impunidad, instancia conformada por varias organizaciones de sociedad civil de todo el país, pretender elegir de manera abrupta a las nuevas autoridades de la Fiscalía en este momento y por un período de cinco años solo confirma la existencia de un compromiso desde las principales autoridades del Estado por perpetuar la impunidad.
En otras palabras, con esta pretensión del Congreso constatamos que todo el discurso de reforma institucional al Ministerio Público estaba dirigido, desde el inicio, a crear las condiciones para un nombramiento por adelantado de estos funcionarios. Es decir, se promueven supuestos cambios, para no cambiar nada.
Desde nuestra lectura, el interés de elegir desde ahora al Fiscal que dirigirá la institución por los próximos cinco años es claramente un artificio para seguir ocultando la corrupción y el compadrazgo político-económico existente en el país, y tener la garantía que no existirá desde el Ministerio Público ninguna acción que los ponga en riesgo.
Sin embargo, señores diputados y diputadas, creemos que sacrificar nuevamente al Ministerio Público no es una alternativa sino un suicidio para un país de alta conflictividad económica y social, que genera mucha inconformidad de los hondureños y hondureñas con respecto al remedo de democracia en el que vivimos. Al final, la falta de democracia, la corrupción y la impunidad son problemas que en el corto plazo también les afectarán a ustedes.
Bajo estos criterios, nuestra Coalición contra la Impunidad nuevamente presenta ante ustedes argumentos legales, pero sobre todo éticos y morales, en relación a la posible aprobación de una nueva Ley del Ministerio Público o su reforma y a la elección de los titulares del Ministerio Público, en los siguientes términos:
- El artículo 205 de la Constitución de la República, en su numeral primero, confiere al Congreso Nacional las atribuciones de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, en consecuencia, al “suspender” el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público están realizando un acto arbitrario pues no se encuentra enmarcado dentro de las atribuciones que la Constitución les confiere. Asimismo, además de ser una actuación ilegal y que podría acarrear responsabilidad, resulta manifiesto que la intención de esta “suspensión” es evitar que, tal como lo establece dicha ley, la Junta Proponente envíe la nómina correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a las vacantes, para la elección del Fiscal General y el Adjunto por el tiempo que resta, del presente a marzo del 2014.
- La Constitución de la República establece que el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto son electos para un período de cinco años, por lo que resulta inconstitucional el nombramiento y toma de posesión de los nuevos titulares del Ministerio Público antes del 10 de marzo. En consecuencia, la elección debe realizarse entre febrero y marzo del 2014 y para el período 2014-2019. Los actuales diputados y diputadas del Congreso Nacional únicamente están facultados para nombrar a dichos funcionarios por el período complementario actual es decir de agosto de 2013 a marzo de 2014. El Congreso Nacional ya tuvo una experiencia similar en el 2005 tras la renuncia del ex Fiscal Ovidio Navarro, por la cual, no hay ninguna razón válida para no volver a aplicar esta medida.
- Estimamos que la aprobación de una nueva Ley del Ministerio Público o de reformas a la actualmente vigente, no pueden tomarse a la ligera y en un período electoral en donde los intereses de los diferentes sectores están más motivados en criterios de sectores o de grupos, antes que en los beneficios colectivos y de país.
Por todo lo anteriormente expuesto PROPONEMOS:
- Que a efecto de restablecer la institucionalidad quebrantada del Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, ante la ausencia definitiva del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, el Director General de la Fiscalía asuma la dirección, orientación, administración y supervisión del Ministerio Público, sujetando estrictamente sus actuaciones a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes vigentes.
- Que se abra un espacio de debate y diálogo incluyente y transparente, mediante el cual se determine el mecanismo para la elección del Fiscal General y su Adjunto, y que esta elección se realice en el mes de marzo de 2014 tal y como lo establece la Constitución de la República; garantizando la transparencia, imparcialidad y objetividad y que impida el control político partidario en estos nombramientos.
Este espacio de diálogo debe incluir a todos los sectores de sociedad civil, institucionales y sociales, de todas las zonas geográficas del país, y deberá establecerse previamente la metodología a emplear para que lo discutido y aportado sea realmente tomado en consideración por los diputados y diputadas del Congreso Nacional.
Señores diputados y diputadas,
La Coalición contra la Impunidad no desconoce que las decisiones que se tomarán en el Congreso Nacional en torno al Ministerio Público son naturalmente políticas tal como lo expuso públicamente su Presidente, sin embargo, consideramos inadmisible que las mismas se tomen nuevamente desde la perspectiva del reparto histórico de las instituciones entre grupos económicos y políticos de poder practicantes de la corrupción bajo la certeza de tener garantizada su impunidad.
En conclusión, esperamos que nuestras propuestas sean acogidas por ustedes, puesto que las mismas parten de un compromiso social y organizativo de defender la institucionalidad democrática del país desde una postura ética y responsable con Honduras.
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS (CCI-HN)
Integrada por las siguientes organizaciones:
- Asociación Arcoiris
- Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
- Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
- Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
- Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
- Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
- Colectivo Gemas
- Colectivo Unidad Color Rosa
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
- Comité por la Libre Expresión C-Libre
- Comunidad Gay Sampedrana
- Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
- Crisálidas de Villanueva
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso
- Feministas Universitarias
- Foro de Mujeres por la Vida
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
- Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
- Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
- Red de Mujeres Jóvenes de Cortés
- Red de Mujeres “Ramón Amaya Amador”
- Red Nacional de Defensoras
- Tribuna de Mujeres contra los Femicidios