1 de octubre de 2013
Abogados
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
RIGOBERTO CUELLAR
Fiscal General Adjunto
Señores Fiscales:
Por este medio, las organizaciones que integramos la Coalición contra la Impunidad, nos dirigimos a ustedes, ya que pese a que su elección y nombramiento fue producto de un proceso bastante cuestionado y politizado, entendemos que ustedes son, en este momento y hasta el mes de marzo de 2014, los autoridades superiores del Ministerio Público.
El motivo de la presente misiva es expresarles, tal como lo hicimos en su momento a la Comisión Interventora, nuestra preocupación por los altos niveles de impunidad que existen en nuestro país y la responsabilidad directa que el Ministerio Público tiene en esta situación. Lamentamos que la Comisión Interventora no haya rendido públicamente un informe final de sus actuaciones frente al MP para conocer si nuestras propuestas fueron implementadas o tomadas en consideración por este órgano transitorio.
Reiteramos ante ustedes como autoridades rectoras de esta institución que es necesario, entre otras cosas: que los fiscales sean nombrados mediante concursos transparentes e imparciales; que se realicen evaluaciones objetivas a las diferentes fiscalías especiales, regionales y departamentales para sancionar a quienes corresponda y fortalecer su funcionamiento; que se impulsen procesos de capacitación continuada y que los mismos incluyan una formación integral en DDHH – jurisprudencia y procedimientos especiales para grupos en situación de vulnerabilidad – (pueblos originarios, campesinos, mujeres, niñez y juventud); que no existan controles absolutos o arbitrarios por parte de los superiores jerárquicos que impidan el juzgamiento en casos de corrupción; constituir unidades especiales para problemáticas específicas como femicidios, crímenes de odio a la comunidad LGTBI, periodistas ambientalistas; avanzar en el diseño y fortalecimiento de protocolos especiales para el tratamiento de la problemática de violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, evitando la revictimización; fortalecer los procesos investigativos trasladando la policía de investigación de nuevo al Ministerio Público. No olvidar que cada caso que llega a esas oficinas debe ser considerado como de alto impacto ya que el deber del Estado se extiende a toda la población.
Lamentamos que hasta este momento hemos visto, por parte de ustedes, actuaciones que no son muy alentadoras como ser: la ausencia de investigación de las actuaciones de Luis Rubí y Roy Urtecho; la falta de presentación de requerimientos fiscales contra 22 fiscales cuyos expedientes arrojan indicios de corrupción y el nombramiento sin concurso de un nuevo subdirector de fiscales, sin que se expresen las causas de la destitución del anterior. Esto envía una mala señal a la sociedad que espera un cambio en el proceder del Ministerio Público y contradice los mensajes que han dado públicamente.
No obstante lo anterior, hemos visto con algunas expectativas la noticia que trascendió a inicios de la semana pasada en el sentido de que el MP asume un “compromiso de definir una verdadera política de persecución penal” (Diario El Heraldo, 22 de septiembre de 2013) y es, en ese sentido, que exigimos que, dentro de esa definición se establezcan criterios claros en cuanto a el cese de la persecución contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo del medio ambiente que constituyen una forma de criminalización de la protesta social.
En ese sentido, exigimos que se revisen los siguientes casos a efecto de que el Ministerio Público no sea un instrumento a través del cual se persigue y criminaliza a defensores y defensoras de derechos humanos, sino que recuerde y asuma que su papel no es de un acusador a ultranza y que el derecho penal debe ser la ultima ratio, sobre todo cuando se trata de situaciones generadas por conflictos sociales que tienen que ver con la voracidad de empresarios nacionales y extranjeros:
a) Requerimiento fiscal contra Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) por los delitos de usurpación coacción y daños en perjuicio de la empresa DESA y SINOHYDRO.
b) Requerimiento fiscal contra Magdalena Morales, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) por el delito de usurpación en perjuicio de la Compañía Azucarera del Norte (AZUNOSA)
c) La denuncia en contra de los Abogados Víctor y Martín, ambos Fernández, dirigentes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”
d) Sentencia condenatoria en contra de José Isabel Morales, del Movimiento Campesino del Aguán, por el delito de homicidio, delito fabricado como castigo por su lucha por el derecho a la tierra.
e) Los procesos penales infundados en contra de dirigentes magisteriales
Les recordamos que el Ministerio Público que entre sus atribuciones se encuentra la de ejercer acciones de defensa y protección del medio ambiente (artículo 16 numeral 16 de la Ley del Ministerio Público, por lo que resulta paradójico que, en lugar de apoyar las luchas de los defensores y defensoras del medio ambiente, los persigan y los encarcelen por estar realizando las acciones que corresponderían al ente fiscal que ustedes dirigen.
Asimismo, debido a la participación del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar, desde la Secretaría de Recursos Naturales, en procesos de concesión de permisos ambientales y similares, solicitamos que el mismo se abstenga de conocer o de dirigir o supervisar cualquier caso que tenga relación con este tema, como los anteriormente mencionados.
Para finalizar, les reiteramos nuestro compromiso con la lucha por la justicia y contra la impunidad por lo que continuaremos con nuestras acciones de denuncia, monitoreo y propuestas orientadas a la consecución estos objetivos.
Nos suscribimos,
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS
Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios