Con la ruptura violenta del orden constitucional en Honduras el 28 de junio de 2009 con el golpe de Estado, el pueblo hondureño ha sido obligado luchar por la restauración de la democracia y los derechos en el país. En esta resistencia, que ha costado cientos de vidas, las mujeres organizadas han jugado un papel fundamental.
Desde la resistencia en la primera etapa pos-golpe: al régimen de Pepe Lobo que se caracterizó por el retroceso y pérdida de avances históricos en el ejercicio de sus derechos; hasta la etapa actual en que las mujeres lideran luchas por la tierra, sus derechos sexuales y reproductivos, laborales, políticos y por la justicia, en un ambiente de criminalización y ataques permanentes de agentes del estado y debido a la falta de legitimidad del estado y la permanencia en el poder de las fuerzas autoritarias y poderes fácticos, se ha visto un grave deterioro en las instituciones democráticas -de por si débiles- del país.
Las elecciones 2013 se vieron como una oportunidad de empezar un proceso de restauración de la democracia. Reconociendo la importancia de este proceso electoral para el futuro del país y para la lucha por los derechos humanos de las mujeres, organizamos el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral, Honduras 2013 con más de 90 observadoras nacionales e internacionales para monitorear violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo pero no limitado a sus derechos políticos-electorales, y dejar constancia de sus resistencias y papel indispensable en el avance democrático del país.
- En el proceso electoral existen evidencias de irregularidades, antes, durante y después de las elecciones, suficientes para poner en seria duda los resultados preliminares anunciados por las autoridades. Entre éstas, podemos mencionar las siguientes:
- Un manejo inadecuado y politizado de la lista de votantes, entre ellos la inclusión de personas muertas, la exclusión de personas y el cambio de domicilio en el registro de las personas.
Falta de representación de todos los partidos en las mesas, falta de material, retrasos en la apertura - Coacción del voto
- Compra/venta de credenciales
- Se detectaron múltiples casos de compra de voto que atentan contra la democracia y afectan principalmente a las mujeres empobrecidas. Nuestro observatorio atestiguó casos de compra del voto, práctica que se aprovecha de la precariedad económica de la gente para violar sus derechos políticos: 1) mujeres que recibieron la tarjeta de beneficios “Cachureca” días previos a las elecciones cuando ya estaba decretado el periodo de silencio electoral. Esta tarjeta llega en nombre del candidato Juan Orlando Hernández y en la parte de atrás se identifica a la portador/a como “simpatizante del Partido Nacional”; 2) ofertas de empleo en cambio del voto al Partido Nacional, registrado en la Escuela 4 de junio cuando una mujer fue sorprendida sacando fotos de su voto para comprobar el apoyo al candidato del PN. 3) La utilización de programas sociales como el Bono 10 Mil, para obligar a las personas votar por el candidato oficial para recibir el apoyo.
- De manera general debemos reconocer que la jornada electoral transcurrió sin mayores incidencia de hechos violentos, con algunas excepciones importantes. Este hecho refleja el compromiso a la no-violencia de la gran mayoría de la población. Pensamos que la presencia de más de mil observadores nacionales e internacionales, representando una verdadera diversidad ideológica e incluyendo a observatorios de derechos humanos como la nuestra, efectivamente cerró la opción de represión y/o provocación por parte de las fuerzas del estado y los poderes fácticos que apostaban a conservar el poder a todo costo.
- Denunciamos el asesinato de la defensora María Amparo Pineda Duarte en el Departamento de Francisco Morazán.María Amparo Pineda Duarte, dirigente campesina y presidente de la Cooperativa El Carbón, de 52 años de edad fue asesinada en emboscada a las 7:45 de la noche de sábado 23 de noviembre, junto a otro miembro de la cooperativa Julio Araujo. Este crimen en el marco electoral no solo significa la pérdida de una defensora, sino también una señal intimidatoria hacia el trabajo y la integridad física de todas las defensoras. Exigimos que se haga justicia en este caso y en los casos de todos los asesinatos de defensoras y defensores.
- La militarización fue un factor de coacción del voto. En este contexto de, se destaca el hecho de que el nivel de militarización que caracterizó la jornada no tenía justificación alguna , y sirvió como factor de intimidación, debido a la presencia de armas en las urnas y los conocidos vínculos entre las fuerzas armadas y el partido gobernante. La militarización de centro de telecomunicaciones CONATEL y del Ministerio Público se suman a otros incidentes en un panorama oscuropara el ejercicio de los derechos en un contexto altamente polarizado.
- Nos preocupa que el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, la nueva Policía Militar y las policías locales sirviera para reprimir protestas en el periodo pos-electoral. Tenemos el reporte de queen departamento de Santa Bárbara está militarizada, debido a que ganó LIBRE la alcaldía según datos oficiales, pero la candidata del PN no acepta la derrota. También hemos recibido informes en torno a la militarización de infraestructura estratégica, i.e., la central hidroeléctrica el Níspero. Son actos que nos ponen en alerta como observatorio de derechos humanos. En este escenario las defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de alto riesgo, que sean defensoras del voto, de la tierra, de derechos sexuales o de cualquier otro tipo. El candidato que lidera el conteo del TSE, Juan Orlando Hernández, ha promovido medidas represivas como respuesta a la violencia y prometió “un soldado en cada esquina” lo cual aumenta el temor de una militarización generalizada que presenta una amenaza a las defensoras de derechos humanos y a las mujeres en general.
- Consideramos que el proceso electoral no ha terminado y que la etapa de investigación de denuncias e irregularidades requiere de absoluta transparencia y apego a la ley. En el momento de redactar esta nota (2:00 PM), los datos del TSE reportan el 34.19% para Juan Orlando Hernández del Partido Nacional a 28.83% para la candidata del LIBRE, Xiomara Castro. El anuncio del LIBRE de “transmisión irregular de resultados” y que un 20% de las actas presentan inconsistencias. El candidato del Partido Anti-Corrupción también ha declarado que un 25% de las actas registradas por el TSE no coinciden con las actas transmitidas de las mesas. No ha habido manifestaciones públicas de victoria electoral.
- La crisis política y democrática que enfrenta el país en estos días no se inscribe únicamente en el marco del proceso electoral. A la vez que las mujeres y hombres exigen que se esclarezcan las dudas e irregularidades en el proceso electoral, la lucha por la democracia se vuelve a los barrios y los pueblos dónde nació. La lucha por las garantías a los derechos de las mujeres es no partidista, y constante.
Tomado del Blog Oficial del Observatorio.