Desde el Centro de Derechos de Mujeres condenamos la brutal masacre que arrebató la vida de mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes campesinos del sector de Rigores, municipio de Trujillo, Colón. Este hecho demuestra la vulnerabilidad e inseguridad que por años han denunciado las comunidades campesinas de la zona de Colón.
Exigimos una investigación pronta, transparente e imparcial de estos hechos. Lo ocurrido no puede entenderse como un caso aislado, sino como parte de un patrón histórico de violencia estructural que, durante años, ha provocado amenazas, persecución, desplazamiento forzado y asesinatos contra campesinas y campesinos en el Bajo Aguán.
Asimismo demandamos la protección de las familias y organizaciones campesinas que aún se encuentran en riesgo en el Bajo Aguán, así como el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en el territorio.
Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que estos hechos sean utilizados para justificar una nueva militarización de la zona, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. La experiencia en el Bajo Aguán ha demostrado que la presencia militar no ha garantizado la protección de las comunidades ni la prevención de graves violaciones a los derechos humanos; por el contrario, ha profundizado los escenarios de violencia, intimidación y vulnerabilidad para las familias y organizaciones campesinas del territorio.
Reafirmamos que no permitiremos la normalización de estos actos de terror y violencia. Frente a ello, seguiremos sosteniéndonos en la defensa de la vida, la organización y la fuerza de la colectividad, reivindicando el derecho de las personas campesinas a la tierra.
¡Justicia para las campesinas y campesinos de Rigores!