Bogotá, Colombia 27 de febrero 2018. Organizaciones de Centroamérica, entre ellas el Centro de Derechos de Mujeres CDM, denunciaron en el 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la región.
Principales aspectos de la exposición para la audiencia “Situación de los Derechos Humanos de mujeres y Niñas en Centroamérica
Ipas Centroamérica, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a Decidir, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; El Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, INCIDEJOVEN, Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM, Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI, Organización de Mujeres Tierra Viva de Guatemala y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) tienen a bien presentar los aspectos de la exposición para la audiencia “Situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en CA”.
- Contexto centroamericano:
Centroamérica es una de las regiones del continente con mayores índices de pobreza y pobreza extrema, cuenta con una población mayoritariamente joven, concentra los países con legislaciones y practicas más restrictivos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Los sectores conservadores y gobiernos autoritarios son una amenaza para la democracia en la región.
- Nicaragua, El Salvador y Honduras, tienen legislaciones totalmente restrictas en materia de aborto, es decir que no se permite ni para salvar la vida de una mujer que se enfrente a un embarazo de alto riesgo.
- En Honduras incluso se penaliza, el uso de la anticoncepción de emergencia.
- El triángulo del norte está formado por 3 países con los índices de peligrosidad más altos en el mundo. Alarmantes tasas de violencia e impunidad viven las mujeres y las niñas en la región. (Guatemala, Honduras y El Salvador)
Las niñas, mujeres y adolescentes en Centroamérica representan uno de los grupos más vulnerables, los distintos tipos de violencias que viven son determinante para su desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad. Los países de América Latina con las tasas más elevadas de este delito son los del Triángulo del Norte; Guatemala, Honduras, y El Salvador[1].
Las agresiones contra las defensoras de derechos humanos ha aumentado en las últimas décadas, es importante destacar que los ataques contra las mujeres defensoras, tienen un componente de género, es decir, ellas enfrentan amenazas y ultimátum que utilizan insultos machistas, amenazas de violencia sexual, amenazas a la familia o campañas usando estereotipos de género[2].
Debido a la persistencia de la violencia y la desigualdad de género, las mujeres de la región frecuentemente carecen del control sobre sus vidas sexuales y reproductivas[3], como evidencia el hecho que los países con la mayor proporción de embarazos en niñas y adolescentes en América Latina se encuentran en Centroamérica[4] y la situación se ve aún más difícil con la poca respuesta por parte de los Estados para prevenir, atender y buscar alternativas para evitar los embarazos impuestos, como despenalizar el aborto.
Las organizaciones peticionarias queremos subrayar que este contexto, es actualmente una de las mayores amenazas para el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas en Centroamérica. Los discursos y acciones oficiales y de los sectores conservadores, que pretenden erradicar la llamada ideología de género tienen consecuencias graves para la garantía de los derechos humanos. El trabajo de desinformación, de odio y polarización están permeando en las políticas públicas, las instituciones, las prácticas, teniendo un profundo impacto en la convivencia de nuestras sociedades y, en particular, en la vida de las mujeres y personas LGBTI. La lucha contra la discriminación y la violencia requiere de esfuerzos permanentes y a todo nivel, implica deconstruir patrones culturales profundamente arraigados, que obstaculizan los esfuerzos en defensa de los DSYR y pone en riesgo los avances que hasta ahora se han logrado para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación.
- El avance de los grupos anti derechos y desafíos para garantizar el derecho a la educación en sexualidad:
Ideología de género, el avance del movimiento anti derechos humanos:
La oposición a los derechos sexuales y reproductivos en la región es poderosa, bien organizada y bien financiada; tiene una estrecha relación y participación dentro de los gobiernos, que les permite incidir y obstaculizar el avance de los derechos fundamentales. La iglesia católica (a menudo en conjunto con otras iglesias y actores conservadores) ha tenido un papel central en la censura de un debate abierto y honesto y existe una creciente injerencia de la religión en los asuntos públicos, que ha permitido importantes retrocesos en derechos sexuales y derechos reproductivos[5].
Centroamérica se ha convertido hoy, como el resto del hemisferio, en un campo de batalla, en el que grupos políticos y religiosos de corte conservador han unido fuerzas en una cruzada en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en general, en contra de los avances para la protección de los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversas o no normativas. Este movimiento de carácter transnacional y orquestado, tiene manifestaciones nacionales y locales diversas, pero objetivos claros: refundar el Estado a partir de creencias y valores religiosos, lo que implica, entre otros, mantener la hegemonía del sistema patriarcal.
En este contexto, el término de “ideología de género”, que pocas personas logran incluso definir, se ha convertido en la enemiga común que aglutina a líderes religiosos, sociales y políticos por igual. Esta supuesta ideología, afirman, promueve la homosexualidad, pretende afectar la identidad de niño/as y busca destruir la institución de la familia y la vida misma. La lucha contra la alegada “ideología de género”, supuesta construcción de los órganos supranacionales para entre otras cosas controlar la población mundial, ha implicado el cuestionamiento en los países centroamericanos de la existencia de los mecanismos nacionales para la promoción de los derechos de las mujeres, la erosión de las leyes que penalizan la violencia y el acoso sexual incluyendo las medidas de protección y las pensiones, la criminalización de defensoras de derechos sexuales y reproductivos, y la expansión campañas de odio y estigmatización. En varios países se ha impedido por vías legales o de hecho que jóvenes tengan acceso a educación sobre afectividad, sexualidad y derecho o que niñas y mujeres tengan acceso a tratamientos para garantizar su salud y su vida. A nivel de ejemplo, destacamos la promoción de la Iniciativa 5272 «Ley de protección de la Vida y la Familia» en Guatemala, que se basa en argumentos anti derechos y que ha sido promovida por representantes del parlamento Guatemalteco, obligando al movimiento de derechos humanos a responder para tratar de parar su aprobación.
La promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTI por parte de órganos nacionales e internacionales de protección ha llevado incluso al cuestionamiento de los sistemas regionales y universales de protección de derechos humanos, con iniciativas que van desde el llamado a desconocer sus recomendaciones y decisiones, hasta la denuncia de tratados internacionales soberanamente adoptados y ratificados por los Estados.
Como ha sido ampliamente reconocido, la categoría “género” ha permitido estudiar y analizar cómo se han construido históricamente las desigualdades entre mujeres y hombres, cómo los roles sociales han afectado el desarrollo de unas y de otros, cómo operan los mecanismos de discriminación, qué privilegios ha otorgado y qué derechos se han limitado a las personas a causa de su sexo y otras características como la edad, la procedencia geográfica, la etnia, la condición socioeconómica, entre otras.
Como la propia Comisión ha reconocido, es preocupante entonces que “la perspectiva de género sea peyorativamente referida como “ideología de género”” y que ello esté generando “un ambiente propicio para el desarrollo de discursos y actitudes discriminatorias”[6].
Las organizaciones peticionarias deseamos subrayar que el contexto descrito es actualmente una de las mayores amenazas para los derechos de las mujeres y niñas en Centroamérica. Los discursos y acciones que pretenden erradicar la llamada ideología de género tienen consecuencias profundas en la garantía de los derechos humanos y están permeando las instituciones, las prácticas y políticas y teniendo un profundo impacto en la convivencia de nuestras sociedades y, en particular, en la vida de las mujeres y personas LGBTI. Ha quedado claro que la lucha contra la discriminación y a violencia requiere de esfuerzos permanentes y a todo nivel, pues implica de construir patrones culturales profundamente arraigados y la expansión de estas posturas no solo obstaculiza esos esfuerzos, sino pone en riesgo los avances que hasta ahora se han logrado para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación.
Educación Integral en Sexualidad -EIS
En varios países de Centroamérica, se estima que aproximadamente 50 por ciento de las mujeres empiezan su vida sexual a los 15 años de edad[7], sin embargo, las políticas públicas de la región tienden a negar o ignorar la sexualidad de los y las adolescentes[8]. Los índices elevados y crecientes de embarazos en las niñas y adolescentes claramente demuestran que las leyes, políticas y planes nacionales para abordar la problemática no han sido implementados de manera adecuada, ni con el alcance necesario[9]. La resistencia oficial a la implementación de Educación Integral en Sexualidad -EIS es común entre los países de Centroamérica especialmente por parte de la iglesia católica y Evangélica y grupos conservadores quienes consideran que la enseñanza de la sexualidad es responsabilidad de la familia. Es importante resaltar que las posiciones religiosas y conservadoras obstaculizan el derecho a la educación sexual, pues muchas veces se encuentran apoyadas por los mismos gobiernos[10].
Los países de Centroamérica han tenido algunos avances en materia de educación integral en sexualidad como la firma de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”[11] en el año 2008, la cual buscaba alcanzar la implementación de la EIS en todo el sistema educativo y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Sin embargo, los contenidos de los programas ejecutados en la región centroamericana se han enfocado principalmente en la prevención de infecciones de transmisión sexual, fundamentados en concepciones biológicos, sin poder alcanzar el impacto deseado. Adicionalmente hay que tomar en cuenta las fragilidades políticas, sociales y presupuestarias, la complejidad de la Inter institucionalidad, la falta de instrumentos necesarios y la incapacidad de los docentes para brindar la educación, han impedido la implementación adecuada de los programas de EIS. Estudios han encontrado que especialmente en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, la enseñanza tiende a promover la abstinencia, enfatizar los aspectos espirituales de la sexualidad y la importancia de la familia.
Por otro lado, un estudio sobre la implementación de EIS evidenció que ningún país de Centroamérica incorporó el uso del condón en sus programas escolares; solamente Costa Rica y Panamá incluyeron el enfoque de género en la enseñanza; y todos los países dejaron por fuera, entre otros, los temas de la diversidad sexual[12]. En ese sentido, es importante resaltar algunos desafíos y características en los países centroamericanos respeto a la temática: En Nicaragua, el Currículo Nacional Básico del año 2009 solamente le dedica dos párrafos a la educación sexual[13]; en Costa Rica la mayoría de los adolescentes desconocen la información básica sobre métodos anticonceptivos a pesar de la implementación de “Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral” a nivel secundario[14]; En el año 2016 Honduras reportó un aumento de 10 por ciento de embarazos en niñas y adolescentes[15]; las y los jóvenes de El Salvador consideran que la sexualidad se encuentra criminalizada en su país[16]; las Naciones Unidas han instado constantemente a Panamá a continuar el diálogo político para la aprobación de una ley sobre educación sexual[17]; y el proceso iniciado en la implementación de EIS en Guatemala se ve obstaculizado durante los cambios de gobierno en los años 2012-2017.
- Maternidades forzadas, violencia sexual y embarazos en adolescentes.
La subregión CA concentra los países con mayor tasas de embarazo en la adolescencia, cada año miles de adolescentes de menores de 14, y de 15 a 19 años dan a luz en las unidades de salud nacionales, las cifras en Honduras son 24 mil, 25 mil en El Salvador, 35 mil en Nicaragua, 14 mil en Costa Rica y 77,122 en Guatemala.
Las niñas, al ser embarazadas y obligadas a la maternidad, tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo y que sus hijos/as sufran de bajo peso al nacer, con desnutrición o retraso en su desarrollo. Obligar a las niñas y jóvenes a conservar embarazos producto de la violencia sexual y forzarlas a la maternidad, no solamente es una tortura, sino también pone en riesgo su salud y sus vidas, alejándolas de alcanzar sus proyectos de vida, como parte esencial de sus derechos humanos. El embarazo adolescente se convierte en la primera causa de deserción escolar de las niñas y adolescentes en Centroamérica, frustrando su proyecto de vida y la posibilidad de salir del círculo de la pobreza, la dependencia y de la violencia.
A pesar que algunos países como El Salvador, Honduras y Guatemala tienen servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes, no siempre ofrecen información adecuada y oportuna, ni brindan consejería para la toma de decisiones libres e informadas, exigiendo la autorización de padres, madres, tutores o familiares. No cuentan con espacios adecuados ni personal capacitado que garantice la privacidad y confidencialidad, y sobre todo una atención libre de estigmas y discriminación.
El matrimonio y/o uniones tempranas de menores de edad, solo está dejando de ser legal muy recientemente, en el 2015 en Panamá, en 2016 en Costa Rica y recién en el 2017 en El Salvador y Guatemala; Nicaragua es el país de ALC con la tasa más alta de uniones tempranas infantil 41%, Honduras 34%, Guatemala 30%, El Salvador 25%.
Los embarazos en niñas y adolescentes representan el 30% de los partos que se dan en la región. La mayoría de estos partos están vinculados o son producto de la violencia sexual que se ejerce en su contra. Los registros de los partos de niñas entre 10 y 14 años el año 2016 reflejan 500 partos en Costa Rica, 900 en Honduras, 1,440 en El Salvador, 1,740 en Nicaragua y 2,500 en Guatemala.
- Región de América con las mayores restricciones legales a los DSR.
Penalización del aborto:
Centroamérica es la región del mundo con mayores restricciones para el acceso a un aborto legal y seguro. El aborto se prohíbe de forma absoluta en Nicaragua, El Salvador y Honduras y sólo se permite en los casos donde se encuentra en riesgo la salud y la vida de la mujer gestante en Guatemala y Panamá y de facto en Costa Rica. Esta situación constituye una violación a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas.
Éstas medidas restrictivas además de generar graves impactos en la salud y vida de las mujeres, al verse obligadas a abortar en la clandestinidad y en condiciones inseguras, ha propiciado la persecución y encarcelamiento de estas, incluso por abortos espontáneos en algunos países como es el caso de El Salvador, coloca al personal de salud en grave riesgo jurídico, pues si no atiende a una mujer con un embarazo que pone en riesgo su vida, puede ser demandado por omisión de auxilio y si la atiende, puede ser procesado por los delitos de aborto.
Las leyes restrictivas van asociadas a tasas elevadas de abortos peligrosos. (Caso de Centroamérica)
De 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año[18]. La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.
En los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Está comprobado que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos[19].
Otra de las consecuencias negativas de la penalización absoluta del aborto, son las muertes maternas, que ocupan el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres en edad reproductiva. Cada año mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto unas 287 000 mujeres, el 99% de ellas en países en desarrollo[20].
Si bien en algunos países de Centroamérica se ha logrado en los últimos años una sensible disminución de la mortalidad materna, de acuerdo a sus cifras oficiales, también es real que los Estados tienen una responsabilidad directa con el subregistro y la mala clasificación de los casos.
Cada año en Centroamérica mueren aproximadamente, 305 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, (Guatemala reconoce que en el último año 140 mujeres perdieron la vida, 31.1 en El Salvador, 73 en Honduras, 52.7 en Panamá, 25 en Costa Rica y 57 en Nicaragua).
Los esfuerzos de los Estados, por disminuir la mortalidad materna, tendría mayores resultados si permitieran el acceso legal y seguro a la interrupción del embarazo, como se pude observar, en países de la región Latinoamericana, donde se combinan tanto la legislación como la preparación de los servicios de salud, la reducción de las muertes es significativa, tal es el caso de Uruguay, Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa uruguaya de fallecimientos vinculados a embarazo, parto, puerperio y aborto es la más baja de América Latina y el Caribe, con 14 muertes cada 100.000 nacidos vivos. El precisa que de acuerdo a las estimaciones de la OMS para 2015, Uruguay redujo la mortalidad materna en 59,5 por ciento en los últimos 25 años, con un promedio anual de descenso de 3,7 por ciento[21]
- Violencia contra las mujeres:
De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (2013), globalmente, el 35% de las mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja y casi un tercio (el 30%) de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja[22].
Las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de su pareja corren un mayor riesgo de padecer una serie de problemas de salud importantes. Por ejemplo, tienen un 16% más de probabilidades de dar a luz a bebés con insuficiencia ponderal; más del doble de probabilidades de sufrir un aborto; y casi el doble de probabilidades de padecer una depresión. Además, en algunas regiones, son 1,5 veces más propensas a contraer el VIH, en comparación con las mujeres que no han sido víctimas de violencia conyugal[23].
Por otro lado, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona distinta de su pareja. De los datos existentes se desprende que las mujeres que han sufrido esta forma de violencia son 2,3 veces más propensas a padecer trastornos relacionados con el consumo de alcohol y 2,6 veces más propensas a sufrir depresiones o ansiedad[24].
Se trata de la principal causa de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años, y se estima que en el mundo 7 de cada 10 sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida[25]. Casi la mitad de todas las adolescentes de 15 a 19 años que mencionaron haber sido objeto de violencia física o sexual también dijeron que nunca se lo había contado a nadie. Entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad que alguna vez han sido víctimas de violencia física y/o sexual, casi 7 de cada 10 indicaron que nunca pidieron ayuda para poner fin a la situación de abuso.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que en la región eran asesinadas diariamente 12 mujeres y niñas por motivos de género (un delito denominado “feminicidio”), y que la mayoría de esos crímenes quedaban impunes[26].
A pesar de la gravedad de estadísticas, las organizaciones de mujeres siguen reivindicando que no existe información de calidad y actualizada sobre las agresiones contra las mujeres y, principalmente, sobre las muertes violentas[27].
La región de Latinoamérica y el Caribe presenta la tasa mayor de violencia sexual fuera de la pareja y la segunda tasa mayor de violencia por parte de pareja o ex pareja (OMS, 2013); 3 de los 10 países con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe (IDH Caribe PNUD, 2012)[28].
ONU Mujeres ha destacado que el 98% de los feminicidios en AL, quedan en la impunidad. Centroamérica lidera la lista, “El Salvador, Honduras y Guatemala, presentan algunas de las tasas de feminicidios más altas del planeta”[29] El ranking lo lidera El Salvador, donde 14 de cada 100 mil mujeres son asesinadas por razones de género, seguido por Honduras, 11 de cada 100 mil mujeres son asesinadas.
En el año 2014 se reportaron 531 femicidios en Honduras, 846 en Guatemala, 468 en El Salvador (2017), 85 en Nicaragua, 29 casos Panamá (2015), y 14 muertes por cuestiones de género en Costa Rica.
- Situación de defensoras de derechos humanos de las mujeres
En Honduras, entre los años 2010 y 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras –COFADEH- registró 4,000 personas criminalizadas por reclamar o proteger el derecho a la tierra, 37 periodistas asesinados en los últimos diez años, y 186 personas de la diversidad sexual víctimas de crímenes de odio[30]. El asesinato de Berta Cáceres en el 2016 ejemplifica la violencia sistemática ejercida contra las defensoras del país; el uso arbitrario del derecho penal contra ellas; la impunidad en tales casos y la falta de medidas de protección[31]. Por otro lado, La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala-UDEFEGUA-, documentó un total de 263 agresiones en el 2016; de ellas 35 por ciento contra defensoras (35 %).
El estudio realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos -IM-Defensoras- en Honduras, Guatemala, El Salvador y México, encontró que ser defensora en una sociedad machista con profundas desigualdades de género, implica defender los derechos humanos en condiciones de desigualdad, y cabe destacar que, ser defensora en los contextos de Centroamérica desafía “las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres”. Entre los años 2012 y 2014, IM-Defensoras registró 1,688 ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos y en el 37 por ciento de los casos se identificó un componente de género. Las mujeres más vulnerables frente a las agresiones fueron las defensoras de la tierra, las que promueven el derecho de las mujeres a una vida libre de la violencia, y la participación política y comunitaria de las mujeres. Cabe mencionar que, debido a los variados contextos en los países, el estudio encontró que mientras en Guatemala y Honduras las defensoras de la tierra eran las más propensas a ser atacadas, en El Salvador las mujeres defendiendo los derechos de la diversidad sexual se encontraban en la posición más vulnerable[32].
Por otra parte, la evidencia en Nicaragua también sugiere que los riesgos que corren las defensoras de los derechos humanos en el país han aumentado, especialmente en el caso de las mujeres que defienden los derechos de las mujeres[33]. Adicionalmente, los defensores y las defensoras de derechos humanos ambientales de Costa Rica y Panamá, junto con otros países de la región han expresado su preocupación frente a la participación directa de los funcionarios o representantes del Estado en la violencia contra los defensores ambientales y el acoso y violencia contra defensores (Defensores de Derechos Humanos en Temas Ambientales).
En conclusión, los contextos vigentes de restricciones legales extremas, ponen en riesgo a miles de mujeres en esta región y es urgente que ante esta situación la ilustre comisión conozca las situaciones documentadas por las organizaciones solicitantes, y emita recomendaciones a los Estados de Centroamérica para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas centroamericanas.
- Petitorio
Como puede ver la Ilustre Comisión, la situación de las niñas, adolescentes y mujeres en Centroamérica es grave, debido a la mayor presencia de grupos anti-derechos, dentro de las decisiones del Estado y fuera de ella en donde pareciera que el panorama no puede sino empeorar, es por ello que necesitamos una Comisión Interamericana, y en particular una Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres que sea proactiva en impedir que este movimiento regresivo avance así como en apoyar a los Estados para que cumplan con sus obligaciones internacionales. En este sentido, solicitamos:
- Solicitamos que la Comisión realice un llamado a los Estados para que aprueben leyes y políticas públicas que permitan la garantía de nuestro derecho a defender derechos humanos, estas deben incluir la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y ser pertinentes a los obstáculos y desafíos que enfrentamos como defensoras de derechos humanos de las mujeres.
- Solicitamos que la Comisión Interamericana realice pronunciamientos específicos y públicos para llamar a los Estados a despenalizar el aborto terapéutico en El Salvador, Nicaragua y Honduras, para implementarlo en los países que si bien está previsto no se cumple con la normativa, como Costa Rica y Guatemala; así como hacer un llamado a abordar integralmente la problemática de mortalidad materna, la maternidad forzada, los embarazos forzados, y toda práctica que nos impida el ejercicio de nuestros derechos.
- Solicitamos que se haga un llamado expreso a los Estados para que se garantice la educación integral en sexualidad, se inste a modificar la legislación nacional y que ésta se ajuste al marco internacional de derechos humanos, en especial en lo relativo del uso de anticoncepción de emergencia.
- Es urgente que la Comisión Interamericana cree un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que han sido dadas en los diversos informes, pero también, que procese y de seguimiento a la información que recibe en audiencias como ésta. Este mecanismo debe establecer indicadores para medir el cumplimiento de las recomendaciones, así como contar con un plan de acción que permita a la CIDH y a la Relatoría de los Derechos de las Mujeres, hacer intervenciones o pronunciamientos oportunos ante las iniciativas que buscan atentar contra nuestros derechos.
- Es preciso que la Ilustre Comisión coordine sus acciones, en lo que corresponda, con el MESECVI así como retomar las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana y que también han creado estándares importantes sobre nuestros derechos.
Muchas gracias.
[1] Gherardi, 2016:131 y 132
[2] IM-Defensoras, 2015: 29
[3] Richardson & Birn, 2011: 184
[4] Mujeres Transformando el Mundo, 2014: 8
[5] Richardson & Birn, 2011: 188
[6] CIDH, Comunicado de prensa 208/17. “CIDH lamenta la prohibición de la enseñanza de género en Paraguay”.
[7] OAE, 2017
[8] Richardson y Birn, 2011:184
[9] Ramírez, 2010:11
[10] Ramírez, 2010:12 y 41
[11] 1ra Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y El Caribe. Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. 2008
[12] Ramírez, 2010: 1-41
[13] Gonzales, 2016
[14] Cerdas, 2017
[15] Monzón, 2016
[16] Prensa Gráfica, 2017
[17] Cardiel 2018
[18] Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.
[19] ibid.
[20] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37828573
[21] Informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics, “Reducción de la Mortalidad Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro” Anibal Faúndes.
[22] Organización Mundial de la Salud, 2013. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. Resumen de orientación. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua=1&ua=1
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] CNN Español. “La violencia contra las mujeres en América Latina: el desolador panorama”. 25 de noviembre de 2016. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/25/la-violencia-contra-las-mujeres-en-america-latina-el-desolador-panorama/
[26] AMNISTÍA INTERNACIONAL. 2017. Informe 2016/2017. La situación de los derechos humanos en el mundo. POL 10/4800/2017, p. 26-27.
[27] El Diario, 2016. “El riesgo de ser mujer en Centroamérica”. 25 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/derechos_de_las_mujeres-igualdad-feminicidios-violencia_de_genero_6_583801648.html
[28] PNUD, ONU Mujeres. Del Compromiso a la acción: Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Documento de análisis regional. Panamá, 2017. ISBN 978-9962-688-38-9, p. 6.
[29] https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html
[30] OXFAM, 2017
[31] Movimiento Mundial de los Derechos Humanos, 2016
[32] IM-Defensoras, 2015: 29-39
[33] IM-Defensoras, 2015:44